La Corte Caribeña de Justicia (CCJ), tribunal de última instancia de varios países de la región, ha emitido una sentencia contra la ley guyanesa que coartaba la expresión de género de las personas trans. Es el resultado de un proceso que se remonta a 2010, cuando seis mujeres transexuales reclamaron a la justicia el fin de la norma, de origen colonial, que les impedía vestir de acuerdo a su identidad de género. Las demandantes habían sido arrestadas un año antes por portar una indumentaria femenina mientras su género legal era masculino. Los jueces del alto tribunal consideran que la ley es inconstitucional por violar el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Buenas noticias desde el Caribe, la región de América con una LGTBfobia más arraigada. La Corte Caribeña de Justicia (CCJ) ha declarado inconstitucional la norma guyanesa que prohibía la «vestir atuendos femeninos por parte de hombres» y «vestir atuendos masculinos por parte de mujeres». Una redacción que tiene su origen en la época colonial británica y que se ha usado principalmente para perseguir a mujeres trans. Entre ellas, las seis que en 2010 iniciaron el proceso, un año después de ser arrestadas por «travestismo». «Fue una de las experiencias más humillantes de mi vida», relataba entonces una de las afectadas. Contaron con el respaldo de SASOD (Guyana’s Society Against Sexual Orientation Discrimination), una organización que pese a la situación jurídica adversa lucha por los derechos de las personas LGTB e intenta que el país ponga fin a la prohibición tanto de la homosexualidad como de la transexualidad.

En 2013, el magistrado de la Corte Suprema de Guyana Ian Chang daba parcialmente la razón a las demandantes, pero optaba por mantener la prohibición si el «travestismo» tenía lugar con «intenciones inapropiadas». Las interesadas y los activistas entendieron que esta vaga formulación dejaba la puerta abierta a la discriminación, por lo que recurrieron el fallo ante la Corte de Apelaciones de Guyana, que sin embargo ratificó la sentencia de Chang. Se dirigieron entonces a la Corte Caribeña de Justicia, el tribunal de última instancia de Guyana, así como de Barbados, Belice y Dominica. La CCJ comenzó a escuchar los argumentos del caso en junio de este año.

El pasado día 13, el alto tribunal decretó la inconstitucionalidad de la ley. Los magistrados han considerado que el artículo en cuestión «viola el derecho de los demandantes a la protección de la ley  y es contrario al imperio de la ley». La sentencia, que puedes descargar aquí, defiende la libertad de expresión de los peticionarios a pesar de la «confusión, miedo, incluso asco» que la realidad LGTB produce en gran parte de la sociedad caribeña y que genera «con frecuencia escarnio y a veces violencia contra aquellos que son diferentes». Frente a estas situaciones, es papel de los tribunales «ofrecer protección legal a los que sufren los embates de dichos comportamientos».

Un marco hostil que va cambiando lentamente

La antigua Guayana Británica, hoy Guyana, es un país de América del Sur que limita al este con Surinam y al oeste con Venezuela y Brasil. Miembro de la Commomwealth, su lengua oficial es el inglés y su religión mayoritaria el cristianismo, distribuido en diferentes confesiones, aunque casi una cuarta parte de la población practica el hinduismo y más de un 7% son musulmanes. La ley prohíbe tanto las relaciones homosexuales masculinas (castigadas con penas de cárcel que oscilan entre los dos años y la cadena perpetua) como, hasta ahora, el vestir de acuerdo a la identidad de género en el caso de las personas trans, sean hombres o mujeres.

En 2012, el Gobierno guyanés abrió un proceso de consultas para valorar la posible retirada de su legislación de las medidas que discriminan a las personas LGTB, entre ellas la criminalización de las relaciones entre varones. Un empeño que contó con la férrea oposición de los líderes religiosos del país, tanto cristianos como hindúes y musulmanes. Durante la campaña de las elecciones de 2015, los principales partidos expresaron su apoyo a la despenalización. El actual presidente, David A. Granger, defiende la legalización de los actos consentidos entre personas del mismo sexo. Las sentencias en el mismo sentido de los tribunales supremos de Belice, en 2016, y de Trinidad y Tobago, en abril de este año, mantienen la esperanza de los activistas por un cambio que no acaba de llegar a Guyana.

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