Del blog Amigos de Thomas Merton:

“La vida contemplativa debe proporcionar un ámbito, un espacio de libertad, de silencio, en el que se permita a las posibilidades emerger y a las nuevas opciones, más allá de la rutina elegida, hacerse manifiestas. La vida contemplativa debería crear una nueva experiencia del tiempo, no como subterfugio ni inmovilidad, sino como temps vierge, tiempo virginal, no un vacío que llenar ni un espacio intacto que conquistar y violar, sino como un espacio que pueda disfrutar de sus potencialidades y esperanzas, y de su propia presencia a sí mismo. Un tiempo propio, pero no dominado por el propio ego y sus demandas; por lo tanto, abierto a los demás; un tiempo compasivo, arraigado en la sensación de una ilusión común y en la crítica a la misma”.

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Thomas Merton.
(Nov de 1968)

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"Migajas" de espiritualidad, Espiritualidad Apertura, Compasión, Contemplación, Libertad, Thomas Merton

De su blog Teología sin censura:

El Concilio Vaticano Primero, en la Constitución dogmática “Dei Filius” (año 1870), cap. 3º, definió que “deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional (“in verbo Dei scripto vel tradito continentur”), y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas” (Denzinger – Hünermann, nº 3011).

Toda afirmación (o toda práctica) que no entre en el contenido de esta afirmación dogmática puede ser modificada por la autoridad suprema de la Iglesia. En cuanto a las verdades o actividades, que se justifican por el llamado “Magisterio Ordinario Universal” de la Iglesia, debe tenerse cuidado y no concederles un valor absoluto e intocable, ya que, como es bien sabido y por poner un ejemplo, durante siglos, se pensó que era verdad de fe que el sol daba vueltas en torno a la tierra, hasta el extremo de condenar a Galileo cuando afirmó lo contrario. Y hoy sabemos que quien tenía razón era Galileo.

Un problema importante, que la Iglesia tiene en la actualidad, en lo que se refiere a las “verdades de fe”, está en que se puede (y a veces sucede que) hay hechos “históricos” o “sociológicos” a los que se les concede un “valor dogmático”. Esto exactamente es lo que sucede cuando nos preguntamos si las mujeres o las personas casadas podrán ser sacerdotes.

En cuanto a las mujeres, en la Antigüedad, no tenían los mismos derechos que los hombres. Por eso no podían ser testigos oficiales de nada. Ni tomar decisiones sobre otros. Ni sobre ellas mismas (J. Jeremias, “Jerusalén en tiempos de Jesús”, Madrid 1977, pg. 371-387). Es lógico que, en tales condiciones, no podían ejercer cargos de responsabilidad en instituciones públicas. Hoy la situación social y legal de la mujer es completamente distinta. Y, en todo caso, lo que no se puede hacer es convertir en revelación divina lo que no pasa de ser una situación social ya superada. La Iglesia no tendrá credibilidad mientras siga manteniendo la desigualdad de la mujer en dignidad y derechos respecto al hombre.

En cuanto a las personas casadas, el Evangelio no impone ningún mandato respecto al celibato. Por otra parte, el apóstol Pablo dice que es un derecho de los apóstoles vivir y viajar con una mujer cristiana, como lo hacían Pedro y los parientes del Señor (1 Cor 9, 5). La continencia de los sacerdotes empezó a imponerse a comienzos del s. IV, en el concilio de Elvira (Granada). Y la ley del celibato se impuso progresivamente en la Edad Media. Se fijó como ley a partir del concilio segundo de Letrán (en 1138).

La ley del celibato no tiene fundamento bíblico. Y se basa principalmente en las ideas, sobre el puritanismo, que provenían del estoicismo de los griegos del s. V (a. C) (E. R. Dodds).

¿Cómo justifica la Iglesia el empeño por no cambiar esta ley cuando cada día hay menos sacerdotes y, por tanto, más parroquias y comunidades que no pueden tener su vida cristiana organizada y gestionada como la misma Iglesia impone obligatoriamente? Es urgente que la Iglesia estudie este asunto a fondo y sin miedo. Para buscarle la solución a la que los fieles cristianos tienen derecho. De no hacerse así, resultará inevitable controlar un hecho que ya existe: los grupos de laicos que clandestinamente celebran la eucaristía sin sacerdote.

En este delicado asunto, es de suma importancia tener presente que la doctrina de la Ses. VII del Concilio de Trento, sobre los sacramentos, no contiene definiciones dogmáticas. Por las Actas del Concilio se sabe que los obispos y teólogos, que tomaron las decisiones sobre los sacramentos, no llegaron a ponerse de acuerdo en un punto capital: si condenaban como “herejías” o rechazaban como “errores”, las doctrinas y prácticas que rechazaron en esta Sesión séptima (Denz.-Hün., 1600-1630). La Iglesia, por consiguiente, puede y debe sentirse libre, para tomar las decisiones, en temas de sacramentos y de liturgia, que la misma Iglesia vea como más urgentes y necesarias en este momento, para el mayor bien espiritual y cristiano de los fieles.

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Para evitar reacciones hostiles o incluso xenófobas contra los extranjeros

Las iglesias del Viejo Continente piden “analizar en profundidad” las raíces de este fenómeno

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Reunión en el primer templo de ICM en Matanzas, inaugurado el 29 de junio. (FACEBOOK)

La Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Cuba (ICM), conformada en buena parte por gais, lesbianas, bisexuales y transexuales (LGBT), emitió una declaración en la que rechaza los postulados homofóbicos esgrimidos por varias denominaciones cristianas de la Isla que recientemente se opusieron al matrimonio entre personas del mismo sexo.

“La Biblia no puede ser tomada como código de ética y conducta, puesto que en ella encontramos muchos pasajes de violencia y discriminación, incluso contradictorios”, señalan en un extenso comunicado en el cual sustentan sus argumentos.

“¡Dios existe y les ama! Es poliamoroso y radicalmente inclusivo. Se complace cuando hacemos el amor y no la guerra. Su Gracia es para todos y todas tal cual somos”, expone.

“A pesar de que la Biblia ha sufrido violencia en sus diferentes traducciones e interpretaciones a lo largo de la historia y que haya sido escrita en un contexto patriarcal, el mensaje del amor incondicional de Cristo es nuestra fuente de Salvación divina”, declara esta organización que pese a que no ha recibido reconocimiento oficial es tolerada por el centro que dirige la hija de Raúl Castro, Mariela Castro Espín.

“La Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Cuba seguirá acompañando La Jornada cubana contra la homofobia y la transfobia convocada por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), y toda política pública dirigida a las emancipaciones del ser humano. Seguirá del lado de la comunidad LGTBIQ. Seguirá convocando al diálogo y celebrando la mesa abierta de Cristo para todas y todos”, sostiene.

La semana pasada, la Iglesia Evangélica Pentecostal Asambleas de Dios, las Convenciones Bautistas Occidental y Oriental, la Liga Evangélica de Cuba y la Iglesia Metodista en Cuba se pronunciaron contra el matrimonio entre parejas del mismo sexo en una declaración en la que apelaron a “los líderes históricos de la Revolución” y a la “ideología comunista”.

“Aspiramos a que hablen con las personas LGBTIQ y no sobre las personas LGBTIQ, a que no se nos excluya de sus diálogos, que se convierten en monólogos cuando no estamos representados y representadas”, declaró ICM.

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Una larga batalla jurídica se cierra: el Tribunal Constitucional rumano ha sentenciado que los cónyuges del mismo sexo de ciudadanos de la Unión Europea tienen el derecho a obtener el permiso de residencia en Rumanía. El fallo resulta de la adopción de la histórica sentencia de la justicia europea del pasado mes de junio, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. La sentencia del alto tribunal rumano resuelve así, de conformidad con la justicia europea a la que había consultado, el litigio presentado por una pareja de un rumano y un estadounidense legalmente casados en Bélgica y que ahora podrán por fin establecerse en Rumanía como era su deseo.

El caso que ha culminado en la sentencia del miércoles pasado es conocido: Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentaban que se trataba de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Finalmente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de junio fue favorable a los demandantes. El fallo explica que en el contexto de la libertad de circulación y residencia, el concepto «cónyuge» debe interpretarse como «neutro desde el punto de vista del género, por lo que puede incluir al cónyuge del mismo sexo del ciudadano de la Unión», con independencia de que ese cónyuge sea a su vez un ciudadano comunitario o no. La sentencia se cuida de salvaguardar el derecho de los Estados miembros a autorizar o no el matrimonio igualitario, aunque matiza que «la relación que mantiene una pareja homosexual puede estar comprendida en el concepto de ‘vida privada’ y en el de ‘vida familiar’ del mismo modo que la de una pareja heterosexual que se encuentre en la misma situación».

Como avanzábamos entonces, la sentencia europea fue la respuesta a una remisión prejudicial, que permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio, interroguen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. Pero el Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional: es el tribunal de cada país quien debe resolver el litigio de conformidad, eso sí, con la decisión europea. Es lo que ha hecho ahora el Tribunal Constitucional de Rumanía al resolver en favor del matrimonio Coman-Hamilton y de todos los casos análogos que pudieran ocurrir. Un país, Rumanía, en el que en este momento se está desarrollando en paralelo un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario vía referéndum.

La decisión favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin embargo, convertiría en papel mojado dicha prohibición por lo que a los matrimonios con otros ciudadanos de la Unión se refiere, lo que no es poco. Y sobre todo, la decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. De esta forma, la resolución sienta un importantísimo precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias. Y muy especialmente en el caso de los seis Estados miembros que carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo, y que además de Rumanía son Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia.

Situaciones como la que han sufrido Adrian Coman y su marido, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarán a ser parte del pasado. La de Rumanía, de hecho, es la segunda sentencia sobre libertad de circulación de los matrimonios del mismo sexo que se basa en la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hace unos días, el Tribunal Administrativo de Sofía, en Bulgaria, reconocía el derecho de residencia al matrimonio formado por una ciudadana australiana-chilena y su esposa francesa, legalmente casadas en Francia.

Fuente Dosmanzanas

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Un senador y un congresista de Massachusetts, ambos demócratas, promueven una ley mediante la que se prohíbe el uso de las denominadas defensas del «gay panic» y «trans panic» en cualquier tribunal federal de los Estados Unidos.

La denominada defensa de «gay panic» es utilizada habitualmente por un acusado en casos de agresiones y asesinato, quien alega haberse sentido amenazado por una insinuación sexual por otra persona de su mismo sexo, justificando de esta manera el uso de la violencia en defensa propia. Prohibida en California, Illinois y Rhode Island, sigue siendo una defensa legal en el resto de los Estados Unidos, como también lo está la denominada defensa «t rans panic», que se utiliza cuando el agresor alega desconocer que iba a mantener relaciones sexuales con una persona de su mismo género hasta el momento del coito. Un senador, Edward Markey, y un congresista, Joe Kennedy, ambos demócratas de Massachusetts, promueven desde este mes un proyecto de ley denominado Ley de Prohibición de la Defensa del Pánico Gay y Trans con el objetivo de anular estas estrategias de defensa a nivel nacional.

Según el proyecto de ley presentado por Marke y Kennedy, este tipo de defensas «pretenden disculpar parcial o completamente delitos como el asesinato y la agresión sobre la base de que la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas es una provocación suficiente para la reacción violenta del acusado». Según un informe de 2016 del Instituto Williams de la Ley de la UCLA, este tipo de estrategias de defensa homofóbicas se han utilizado en la mitad de los estados de la unión desde la década de los sesenta, siendo utilizadas siempre para reducir los cargos a los que se enfrentaban los acusados, a pesar de que «ningún estado reconoce las defensas del pánico gay y trans como defensas independientes bajo sus respectivos códigos penales».

«Las defensas legales del pánico gay y trans reflejan un miedo irracional y una intolerancia hacia la comunidad LGBTQ y corroen la legitimidad de los enjuiciamientos federales (…). Estas defensas deben estar prohibidas para garantizar que todos los estadounidenses sean tratados con dignidad y humanidad en nuestro sistema de justicia», defiende el senador Markey a través de un comunicado, mientras que el congresista Kennedy sostiene que «asesinar o agredir a alguien debido a su orientación sexual o su identidad de género no es una defensa, sino un delito de odio». Ambos han defendido en una declaración conjunta que «las lagunas legales escritas en nuestras leyes que buscan justificar los ataques violentos contra nuestros vecinos homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales nunca deberían haber existido en primer lugar».

La propuesta de Markey y Kennedy está apoyada por 10 congresistas de la Cámara de Representantes y 5 miembros del Senado. De aprobarse esta Ley de Prohibición de la Defensa del Pánico Gay y Trans, el Congreso estaría dando un paso que la comunidad legal ha estado solicitando durante años. En 2013, por ejemplo, la American Bar Association aprueba una resolución que insta a los legisladores a «tomar medidas legislativas para reducir la disponibilidad y efectividad de las defensas de ‘pánico gay’ y ‘pánico trans’».

«Históricamente hemos visto las defensas de pánico utilizadas como caballo de Troya para tratar de llevar a los tribunales los prejuicios sociales y el odio contra las personas LGBTQ, y especialmente las mujeres transgénero y los homosexuales, en un esfuerzo por justificar tipos de violencia que simplemente no son justificables (…). Prohibir explícitamente esta práctica contribuirá en gran medida a proteger a los sobrevivientes y a los amigos y familiares de las víctimas mientras se relacionan con el sistema legal penal en un período profundamente doloroso de sus vidas», declara Yacka-Bible, director de comunicaciones en GLAAD.

Asimismo, D’Arcy Kemnitz, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Abogados LGBT, declara en un comunicado que estas defensas «han sido durante mucho tiempo un símbolo de pensamiento peligroso y obsoleto (…). La orientación sexual de un individuo o la identidad/expresión de género nunca deberían justificar un ataque violento o asesinato. Decir lo contrario envía un mensaje a la comunidad LGBT de que sus vidas son intrínsecamente menos valoradas. La continua concesión de estas defensas es un fracaso del sistema de justicia».

Fuente Universogay

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El Movimiento recordó que los manuales LGBTI nacieron en el primer Gobierno de Piñera y que los siguientes son parte de un Acuerdo de Solución Amistosa firmado por el Estado ante la CIDH y que el ministro Varela se comprometió a cumplir.

 El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) rechazó hoy las “presiones homofóbicas de la autodenominada Bancada Evangélica de diputados, la cual busca denigrar y desconocer derechos de los estudiantes y docentes lesbianas, gays, bi, trans e intersex, promoviendo la violencia escolar y el bullying”.

En concreto el Movimiento repudió a los parlamentarios de RN Eduardo Durán, Leonidas Romero y Francesca Muñoz  por estar cursando gestiones para que los colegios dejen de usar y tener como guía pedagógica a la circular 768 que llama a respetar los derechos niños y niñas trans y otros cinco textos que fueron elaborados bajo la administración de la presidenta Michelle Bachelet en el marco del Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado firmó con el Movilh ante la CIHD.

Los textos en cuestión elaborados por el Mineduc y el Movilh son las “Orientaciones para la participación de las comunidades educativas” , las “Orientaciones para promover espacios de participación y sana convivencia escolar”, las “Orientaciones para la inclusión de las personas LGBTI en el sistema educativo chileno”, más dos polípticos, uno sobre salud sexual y reproductiva  y otro sobre prevención de la violencia, todos los cuales fueron entregados este año a los colegios en un caja especialmente diseñada.

La auto-denominada Bancada Evangélica anunció una reunión con el ministro de Educación, Gerardo Varela, para solicitarle el retiro de los mencionados manuales.

Para Durán   “es gravísimo” que “el Mineduc valide material confeccionado por el Movilh”, en tanto a su juicio los textos “promueven” la homosexualidad y la “ideología de género”.

Al respecto el Movilh enfatizó que el pasado 18 de abril “el ministro Varela se comprometió en reunión con nosotros a mantener la circular sobre derechos trans y los manuales LGBTI. Más aún, el 17 de mayo el ministro firmó un documento donde se comprometió a respetar el ASA que firmamos ante al Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Además, “es pertinente recordar que el primer manual educativo sobre derechos LGBTI que elaboramos junto al Mineduc es de co-autoría del primer Gobierno de Sebastián Piñera. Se trata del texto  “Discriminación en el contexto escolar, orientaciones para promover una escuela inclusiva”.

“Llamamos a los diputados anti-derechos y promotores del odio, como es el caso de Durán, Romero y Muñoz, a cesar con sus cruzadas de violencia, que solo incitan al bullying, la violencia y el acoso escolar”, finalizó el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

De acuerdo al Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, elaborado por el Movilh, entre el 2002 y el 2017 se han conocido en Chile 120 de denuncias por discriminación en las escuelas que han afectado a unos 480 estudiantes y docentes LGBTI.

Fuente MOVILH

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Jonathan jurando bandera en el 2008

Un hombre transexual, que llevaba casi veinte años trabajando como militar en el Ejército de Tierra, ha sido despedido por el Ministerio de Defensa por «insuficiencia de condiciones psicofísicas», a pesar de tener un contrato con validez hasta el año 2026, según recoge eldiario.es. Cabe señalar que la baja fue publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, donde se refirieron al ya exmilitar como «Doña Jonathan».

Jonathan entró en las Fuerzas Armadas hace diecisiete años, cuando todavía conservaba el nombre y el sexo legal femenino que le fueron asignados al nacer, aunque ya había iniciado el tratamiento hormonal. Ya desde sus primeros años solicitó que le llamasen Jonathan, y en el seno del Ejército continuó su proceso de transición. Sin embargo, según ha contado él mismo, su vida militar pasó de ser un sueño hecho realidad a convertirse en una pesadilla. Sobre todo, por la multitud de burlas, vejaciones, insultos y faltas de respeto con las que tuvo que lidiar casi desde el primer día. De hecho, jamás se sintió comprendido entre sus compañeros y superiores. «Te acostumbras a todo. Me acostumbré a aguantar la orina hasta la última hora. Esperaba a que no hubiese nadie para entrar y salir corriendo», contó en una entrevista reciente.

Su carrera militar está llena de altibajos. En 2005, abandonó las Fuerzas Armadas, pero se reincorporó tres años más tarde, tras superar nuevamente los tests femeninos, única opción que le ofrecieron pese a que su transición física estaba ya avanzada. Poco después, en abril de 2009, realizó por fin el cambio de la mención registral de su sexo. Para entonces, ya hacía unos meses que había sido aceptado en un grupo de reconocimiento de la Legión. En 2014, decidió cesar en su destino asignado y pedir una baja, para someterse a una intervención quirúrgica programada dentro de su proceso de transición.

El principio del fin comenzó cuando a Jonathan se le diagnosticó un trastorno ansioso-depresivo y problemas en las piernas. En abril de 2017 la Inspección general de Sanidad del Ministerio de Defensa determinó que esas condiciones no le impedían desempeñar sus funciones de su Cuerpo, pero dos meses después la Junta de Evaluación le propuso como no apto y sugirió que le rescindiesen su contrato, que tenía validez hasta el 2026. Finalmente, Defensa ha decidido despedirlo alegando «insuficiencia de condiciones psicofísicas, ajenas a acto de servicio». Una circunstancia que aparece en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publicado el pasado 28 de junio, donde, además, se refieren al militar como «Doña Jonathan».

Él, sin embargo, considera que detrás de su despido hay una clara discriminación por su condición de hombre transexual. «Mi baja está vinculada con que sea transexual. Prefieren quitarme de en medio y no tener que afrontar el problema. Todavía no tienen habilitados los acuartelamientos al siglo en el que estamos, no hay duchas individuales. Tengo prohibida la entrada a baños masculinos y femeninos», explica a eldiario.es. No en vano, Defensa ha señalado que a día de hoy no tiene ningún tipo de protocolo o estrategia para evitar que las personas trans sean discriminadas y lograr que se sientan integradas en el Ejército.

Fuente Dosmanzanas

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Siempre estaremos en contra de la Pena de Muerte… No es la solución y es cruel.

La ejecución de este preso supone la primera de este año registrada en el estado de Ohio y la decimocuarta en Estados Unidos.

El preso Robert Van Hook ha sido ejecutado hoy en el estado de Ohio (EEUU) por el asesinato de un hombre homosexual en 1985 al que sedujo con falsas promesas de sexo para robarle.

Van Hook, un hombre blanco de 58 años, fue declarado muerto tras recibir una inyección letal en el Centro Correccional del Sur de Ohio (Lucasville), según notificó el Departamento Correccional y de Rehabilitación del estado.

Van Hook era “un hombre que manipuló cínicamente a homosexuales durante años. Se hacía pasar por gay; frecuentaba bares y se aprovechaba de víctimas vulnerables”, de acuerdo a la descripción de los fiscales del condado de Hamilton.

El 18 de febrero de 1985, con su modus operandi habitual, Van Hook acudió a un bar de ambiente del centro de Cincinnati (Ohio), entabló contacto con su potencial víctima -David Self- y pasadas unas dos horas se fueron al apartamento de Self.

Se hacía pasar por gay; frecuentaba bares y se aprovechaba de víctimas vulnerables

Van Hook robó entonces algunas de las pertenencias de Self, como algunos collares y una chaqueta de cuero; las autoridades lo detuvieron semanas después en Florida.

La ejecución de hoy la presenciaron como testigos en la prisión de Lucasville un hermano y una hermana de Self, así como un tío de Van Hook.

Anoche, el estado de Ohio le sirvió a Van Hook una última cena a su antojo, que consistió en tres hamburguesas con queso, patatas fritas; para beber, un jugo de toronja y un batido de vainilla: y de postre, un pastel de queso con fresas y crema.

La de Van Hook fue la primera ejecución del año en el estado de Ohio y la decimocuarta en Estados Unidos.

Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte en 1976, EEUU ha ejecutado a 1.479 presos; 56 de ellos en Ohio.

Ohio tiene programadas otras 25 ejecuciones hasta 2023 (más que ningún otro estado) que se acumularon tras la inyección letal defectuosa que administró a un preso en 2014 y que puso en jaque la pena de muerte en todo el país.

La próxima, el 13 de septiembre, será la de Cleveland Jackson, un afroamericano de 40 años condenado a muerte por asesinar en 2002 a una niña de tres años y a una joven de 17.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha designado su candidato a ocupar la plaza de juez del Tribunal Supremo que dejará vacante Anthony Kennedy el próximo 31 de julio. El elegido es Brett Kavanaugh, actualmente juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Es conocido por su talante conservador en asuntos como el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo o la restricción de los derechos civiles, si bien a lo largo de su carrera no ha tenido que decidir ningún asunto relevante sobre discriminación por orientación sexual o identidad de género. Aun así, su bagaje hace desconfiar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el activismo LGTBI, que han pedido a los senadores que no respalden su nombramiento.

Tras el comunicado del juez Anthony Kennedy en el que anunciaba su próxima jubilación del puesto que ocupa en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el presidente Trump no se ha demorado en designar su candidato a ocupar la plaza en la persona de Brett Kavanaugh. De 53 años, Kavanaugh fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ha emitido conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Ha sido frecuentemente criticado por ser demasiado partidista en sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano.

Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo estadounidense queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump). Ese equilibrio lo rompería Kavanaugh a favor del sector conservador, y además por largo tiempo, dada la edad del candidato y que el cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio. Además, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno. La única esperanza para el sector liberal es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto. Aun así, quizás pesen en su ánimo las declaraciones efectuadas por Kavanaugh el pasado 2017, en las que apoyaba a un juez que estimaba que la sentencia que permitió a las mujeres decidir sobre su embarazo (conocida como Roe vs. Wade) debe ser revertida.

La votación en el Senado de la candidatura de Kavanaugh tendrá lugar el próximo mes de octubre. Si fuera rechazado, puesto que el próximo mes de noviembre se celebrarán decisivas elecciones que podrían devolver el control de la cámara alta a los demócratas (según estiman las encuestas), estos podrían bloquear cualquier candidato de Trump hasta las próximas elecciones presidenciales.

Reacción negativa entre el activismo LGTB

Su conservadurismo y su fama de apoyar sin ambages las medidas de quienes le hayan designado para el cargo han causado alarma entre el activismo LGTB y de defensa de los derechos civiles, que temen que los derechos conquistados al cabo de los años sean revertidos por la nueva configuración del Tribunal Supremo. Por ello, más de cien asociaciones y grupos de defensa de los derechos civiles han solicitado a los senadores que rechacen la elección de Kavanaugh.

Para Lambda Legal, Kavanaugh «garantizaría 40 años más de los valores de Trump en el Tribunal Supremo». La asociación legal afirma que «tenemos buenas razones para temer que el juez Kavanaugh abusará de su poder en el tribunal para proteger a los ricos y poderosos mientras priva a los estadounidenses LGBT de su dignidad, degradando a nuestra comunidad y disminuyendo nuestro estatus como ciudadanos iguales. Hay mucho en juego para permitirle al juez Kavanaugh sentarse en un tribunal que, a lo largo de su historia, ha decidido quién puede casarse, quién puede votar y quién es igual».

Desde ACLU (American Civil Liberties Union), se teme que «Kavanaugh sea el voto decisivo que Trump necesita en el Tribunal Supremo para concertar su campaña de socavamiento de las libertades y derechos civiles a largo plazo».

El National Center For Lesbian Rights estima que «no hay nada en la carrera del juez Brett Kavanaugh que indique que comprende el impacto de la discriminación en las personas LGBT en el mundo real o la importancia de interpretar las leyes de nuestra nación para permitirles participar con plenitud e igualdad en la sociedad».

Human Rights Campaign lanza una dura crítica a su designación, pues considera que «este candidato ha sido escogido por grupos anti-LGBTQ y contra el derecho a decidir de las mujeres, en un esfuerzo explícito por socavar la igualdad. La perspectiva de un juez como Kavanaugh amenaza con erosionar los derechos civiles de nuestro país, bloquear el derecho de los soldados transgénero de servir valientemente a esta nación y dar licencia para discriminar a las personas LGBTQ en todos los aspectos de la vida estadounidense».

También es dura la crítica de GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), desde donde se asegura que «si se confirma, Brett Kavanaugh tendrá la oportunidad de desarrollar en las próximas décadas el peligroso historial anti-LGBTQ del presidente Trump y el vicepresidente Pence y la agenda de los grupos anti-LGBTQ. Al igual que Neil Gorsuch antes que él, Kavanaugh es una elección ideológica diseñada para crear un Tribunal Supremo activista que socavará los derechos y protecciones para las mujeres, las personas LGBTQ, los inmigrantes y todas las personas vulnerables».

También temen en Transgender Law Center que «la elección de Trump para el Tribunal Supremo sea un conservador radical y divisivo cuyo nombramiento supondría una amenaza devastadora para los derechos y el bienestar de las personas transgénero en todo el país». La preocupación de la asociación es natural, puesto que quedan pendientes de resolver numerosos conflictos que afectan al colectivo el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género.

Apoyo de los grupos ultraconservadores

Desde las facciones más conservadoras, sin embargo, se ha acogido con entusiasmo la propuesta del presidente Trump. Grupos como Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network incluso han iniciado campañas de apoyo al candidato presidencial en las que han invertido casi un millón y medio de dólares.

Desde la National Organization for Marriage (NOM) se ha pedido también apoyo económico para respaldar la candidatura de Kavanaugh, pues confían en que sus posiciones conservadoras y su concepción de la Constitución sirvan a su propósito de revertir la sentencia del Tribunal Supremo que permitió el matrimonio igualitario.

Más curiosa ha sido la reacción de la fuertemente LGTBfoba American Family Association (AFA), que en un principio rechazó la elección de Kavanaugh por no creerle lo suficientemente conservador. Sin embargo, poco después, rectificó y ha ofrecido su respaldo, sobre todo porque no quiere «luchar contra el presidente Trump», además de confiar en las ideas del candidato sobre el derecho al aborto, ya que cuenta con el apoyo de muchas asociaciones opuestas al mismo.

Fuente Dosmanzanas

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