Hace tan solo un año, las estremecedoras noticias sobre detenciones, torturas y asesinatos de personas homosexuales en la república rusa de Chechenia sacudían a la comunidad internacional. Según reportaba el diario Novaya Gazeta, al menos 100 personas habían sido detenidas y encarceladas por ser «sospechosas de homosexualidad». Más adelante, salía a la luz la posible existencia de auténticos campos de concentración para personas homosexuales cerca de Grozny, la capital chechena. En este tiempo, La homofobia del líder checheno, Ramzán Kadýrov, ha quedado sobradamente demostrada. Sofocada la crisis separatista, el Gobierno checheno ha encontrado en el colectivo LGTB un chivo expiatorio que encaja perfectamente con sus ideales retrógrados. Un año más tarde, sin embargo, las autoridades rusas han demostrado una ausencia total de voluntad política para investigar los posibles crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. A fecha de hoy, nadie ha sido detenido ni imputado.

Según ha apuntado Denis Krivosheev, director de la sección de Europa del Este y Asia Central de Amnistía Internacional, «el Gobierno ruso ridiculizó y descartó estas noticias que llegaban de Chechenia hace un año. Desde entonces, hemos presenciado con estupefacción la negación, evasión e inacción de las autoridades respecto a este tema, llegando a denegar en repetidas ocasiones el lanzamiento de una investigación oficial en relación a los crímenes reportados, ignorando las pruebas aportadas por Novaya Gazeta».

En efecto, las investigaciones llevadas a cabo por las organizaciones de derechos humanos han conseguido recabar un elevado volumen de información, pero aún así no se ha incoado ningún procedimiento penal. Pese a las denuncias interpuestas relativas a asesinatos de personas homosexuales, las autoridades siguen afirmando que no hay relación entre esos crímenes y la persecución homófoba que alegan las organizaciones. Sin embargo, activistas LGTB afirman que en diferentes países del mundo hay refugiados chechenos dispuestos a testificar.

Igor Kochetkov, activista de la Russian LGBT Network, ha señalado que «en el pasado año, la Russian LGBT Network, junto a Novaya Gazeta, han hecho el trabajo que debía realizar el Estado». La organización ha velado por la seguridad de las víctimas, y ha recopilado y publicado sus experiencias para denunciar públicamente la persecución que sufrieron. Pero lo que no han podido conseguir es que las autoridades inicien una investigación oficial, ni asegurar que los responsables sean investigados penalmente.

Según Elena Milashina, la periodista de Novaya Gazeta que reveló por primera vez la situación en Chechenia, «sería muy fácil sacar adelante una investigación si las autoridades realmente quisieran». Como ejemplo, señala que las autoridades ni tan sólo han intentado averiguar las localizaciones GPS de los teléfonos móviles de las personas que habrían sido detenidas. Milashina asegura que muchos de esos teléfonos permanecieron encendidos durante las detenciones, y una simple investigación sobre los geolocalizadores de los dispositivos permitiría verificar que dichas personas permanecieron durante varios días en centros de detención ilegal.

Una de las víctimas de la purga homófoba, Maxim Lapunov, presentó una denuncia oficial el pasado mes de septiembre. A día de hoy, las autoridades rusas no han tomado ninguna acción al respecto. Inicialmente, utilizaban la excusa de la falta de denuncias por parte de las víctimas para justificar su inacción. No obstante, después del valiente paso de Lapunov, las autoridades ya no pueden justificar la ausencia de investigaciones.

Kochektov tiene claro cuál es el problema. El activista de la Russian LGBT Network considera que el principal obstáculo para sacar adelante dichas investigaciones es el hecho de que «la homofobia es la política oficial del Estado ruso». Tal es así que las autoridades han tachado de «burda mentira» las denuncias de las organizaciones LGTB, achacándolas a una «nueva campaña informativa contra Rusia».

El único amparo al que han podido acudir las víctimas del horror checheno han sido el que les han brindado las organizaciones de derechos humanos. El trabajo incansable de organizaciones como la Russian LGBT Network ha permitido que más de 100 personas hayan podido ser reubicadas de forma segura fuera de Chechenia. Según Amnistía Internacional, al menos 98 habrían logrado salir de Rusia, mientras que los demás habrían sido reubicados en otras partes del territorio nacional. No todos ellos eran hombres: diez de las personas evacuadas eran mujeres lesbianas, y también se reubicó a dos personas trans. Asimismo, también se ha evacuado a familiares que temían ser objeto de represalias por parte de las autoridades.

Concidiendo con el aniversario de las primeras noticias que se publicaron sobre este escándalo, en diversas ciudades del mundo tuvieron lugar actos de protesta, exigiendo una investigación imparcial y el enjuiciamiento de las personas responsables, y poniendo en evidencia la falta de cobertura mediática de tal vulneración masiva de derechos humanos. También se reclamaba a gobiernos europeos y americanos que asegurasen el derecho de asilo de aquellos que han conseguido huir del infierno checheno.

Pese a la inacción de las autoridades, diversas organizaciones LGTB siguen observando la situación en Chechenia con lupa. «Os estamos observando», apuntaba Matt Beard, de la organización All Out. «No descansaremos hasta que consigamos justicia para Maxim, Zelim y para las docenas de personas que fueron torturados y asesinados en Chechenia».

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