La Corte Suprema de la India obliga al Gobierno a pronunciarse sobre la criminalización de las relaciones homosexuales
La Corte Suprema de la India ha enviado un requerimiento al Gobierno federal en el marco de las deliberaciones sobre la constitucionalidad de la ley que criminaliza las relaciones homosexuales. El alto tribunal exige al Ejecutivo que clarifique su postura sobre este asunto, que hasta ahora había intentado sortear. Cuando conozca la opinión del Gobierno, la Corte Suprema emitirá un fallo definitivo, que revertirá o confirmará su propia sentencia de 2013. Fue en aquel año cuando anuló la declaración de inconstitucionalidad que había emitido antes otro tribunal, reinstaurando así la persecución legal de las personas LGTB que dura hasta ahora.
El 11 de diciembre de 2013 la Corte Suprema de la India dictaminaba en contra de la despenalización de las relaciones homosexuales que en julio de 2009 había decidido el Alto Tribunal de Delhi como consecuencia de una demanda planteada por Naz Foundation India. Aquella decisión de 2009, que había sido considerada en su momento histórica, anulaba la vigencia de la sección 377, heredada de la época colonial, y que declaraba ilegal cualquier acto considerado «contra natura». La Corte Suprema, sin embargo, consideró que el Alto Tribunal de Delhi se había extralimitado en sus funciones, al decidir sobre una cuestión que correspondía al poder legislativo.
La decisión de la Corte Suprema causó, de hecho, una profunda sorpresa. El fallo de 2009 del Alto Tribunal de Delhi, que consideraba que penalizar actos sexuales consentidos entre adultos viola derechos fundamentales reconocidos por la Constitución india, se creía difícilmente reversible, pese a haber sido recurrido y contar con la firme oposición de sectores tradicionales y religiosos, tanto del ámbito hindú como del musulmán o del católico. El propio Gobierno indio de aquel momento pidió días después a la Corte Suprema que reconsiderara su sorprendente decisión. No lo hizo.
Las relaciones homosexuales volvieron así a estar castigadas con penas de hasta diez años de prisión. Y aunque es cierto que las penas más duras apenas se aplicaban ya y que la aceptación social de la homosexualidad ha ganado posiciones en los últimos años (de hecho se celebran orgullos reivindicativos en diversas ciudades), la ley india sigue pesando sobre una losa sobre la población LGTB de ese país. No está de más recordar, por ejemplo, que en 2014 hubo más de 600 detenidos, cifra que como mínimo se duplicó al año siguiente.
Durante todo este tiempo, no han dejado de sucederse las peticiones a la Corte Suprema para que reconsiderase la decisión, pero no fue hasta enero de este año cuando por fin el más alto tribunal del país accedió a revisarla, en respuesta a una petición de amparo formulada por cinco destacados miembros de la comunidad LGTB india. Los peticionarios argumentaron que la vigencia de la sección 377 les hace vivir en un estado de temor continuo. Un primer panel de tres jueces de la Corte Suprema les dio la razón, admitiendo la primacía del carácter consensual de las relaciones entre personas del mismo sexo sobre su supuesta naturaleza «contra natura».
Pero antes de emitir una sentencia definitiva, el alto tribunal quiere recabar también la posición del Gobierno, que hasta ahora ha intentado esquivar la cuestión. Después de que este martes se registraran seis nuevas peticiones por la derogación de la sección 377, los jueces han decidido darle de plazo a la Administración federal hasta el mes de julio para que clarifique su postura. Los activistas creen que, en la práctica, la Corte Suprema le traslada la decisión al poder ejecutivo y califican el movimiento de «punto de inflexión». «El Gobierno tendrá que decidir si esta ley colonial debería seguir en pie en un país que tiene su propia Constitución que protege los derechos fundamentales de sus ciudadanos», ha declarado Ashok Row Kavi, de la organización LGTB The Humsafar Trust y uno de los peticionarios.
Conviene precisar que por el momento la sección 377 sigue vigente: la Corte Suprema se ha limitado a aceptar una reconsideración de la decisión que tomó hace cuatro años. Es cierto que la argumentación de los tres jueces que inicialmente han valorado la cuestión resulta favorable a los peticionarios, pero habrá que esperar a conocer la posición del Gobierno y su influencia en la decisión final ampliada. Los activistas LGTB prefieren mantener la cautela.
El respeto a la intimidad, un aspecto que también juega a favor de los activistas
Se da la circunstancia de que en agosto del año pasado la Corte Suprema de la India emitió una resolución sobre el derecho a la intimidad que también favorecería la legalización de las relaciones homosexuales. El alto tribunal determinó entonces que la intimidad es un derecho fundamental de los ciudadanos y la orientación sexual es uno de sus «componentes esenciales». En el texto del dictamen se explicitaba que «la invasión de un derecho fundamental no se hace tolerable cuando unos pocos, a diferencia de un gran número de personas, son sometidos a un tratamiento hostil» y se reconocía «la dignidad de la vida privada de las personas LGTB».
Aquel dictamen fue elaborado por un panel de nueve jueces y claramente comprometía la continuidad de la sección 377 tal y como se conoce hasta el momento. Si la Corte Suprema mantiene ahora el mismo criterio, por fin podremos decir que las relaciones entre personas del mismo sexo son legales en el segundo país más poblado de la Tierra.
LGTBfobia de Estado en La India
El artículo 377 del Código Penal de la India castiga las relaciones sexuales “contra natura” con hasta 10 años de prisión. A finales de 2013, la Corte Suprema decidió recriminalizar la homosexualidad, dejando sin efecto la histórica sentencia sancionada por el Alto Tribunal de Delhi en 2009 (en la que declaraba “inconstitucional” la prohibición de las relaciones entre personas del mismo sexo). En los últimos años,mos hemos hecho eco del aumento exponencial de la violencia contra personas LGTB en la India, a raíz de la ilegalización de las relaciones homosexuales.
Las informaciones que nos llegan positivas en clave LGTB de la India son muy escasas. A principios de este mismo año nos hacíamos eco de la apertura del primer colegio para alumnos transexuales en riesgo de exclusión social. Solo unos días después, sin embargo, recogíamos la historia de un joven de 20 años cuyos padres trataron de organizarle una “violación correctiva” después de salir del armario como gay. Los progenitores llegaron a contratar a unos matones para que le agredieran al saber que mantenía una relación con otro chico con el que convivía.
Por otra parte, hace unos meses publicábamos que las autoridades de la India impedían la entrada al país a Victoria Kolakowski, la primera jueza trans de los Estados Unidos. Semanas atrás, prohibían una película por “glorificar” las relaciones homosexuales. La Junta Central de Certificación Cinematográfica de la India (CBFC) se negaba a certificar ‘Ka Bodyscapes’ para su proyección por incluir “escenas gais sensibles”.
Como ocurre en muchos otros países en los que existe homofobia de Estado, los grupos homófobos en la India (incluidos los policiales) se creen en el derecho de realizar impunemente cualquier acción contra las personas sexualmente diversas. No es necesario que las víctimas sean realmente homosexuales (lo que en ningún caso les eximiría de su responsabilidad criminal), con que ‘lo parezcan’ es suficiente.
En 2014, un año después de la recriminalización de la homosexualidad en la India, el activismo LGTB denunciaba un repunte de la violencia homófoba. Y a principios del año pasado recogíamos que ese mismo año 2014 se realizaron un mínimo de 600 detenciones a personas que habían sido acusadas de practicar la homosexualidad. Una cifra que en 2015 se elevaba a más de 1.300 personas, incluyendo 207 adolescentes. Una cifra, no obstante, que parece poco realista si tenemos en cuenta que desconocemos el alcance de la corrupción policial y la cantidad de afectados por extorsiones económicas a cambio de evitar el arresto o el procesamiento judicial.
En octubre de 2015 dábamos cuenta de más casos de extorsión por ser o “parecer” homosexual por parte de miembros de la policía, quienes, según constatan los activistas LGTB “con frecuencia visitan los puntos donde los gais se encuentran y les extorsionan pidiéndoles dinero”. Por otra parte, la estigmatización y los prejuicios provocan todo tipo de injusticias. A principios de 2016 nos hacíamos eco del intento de suicidio de un adolescente de quince años, quemándose vivo, tras ser acosado por ser gay.
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