Llevamos muchas semanas hablando de la terrorífica situación que el colectivo LGTB+ afronta en Indonesia, especialmente en la provincia de Aceh que es la única del país que aplica la Sharia o ley islámica. La comunidad internacional ha criticado la persecución al colectivo por parte de la sociedad y los políticos indonesios, pero tampoco es que lo hagan en voz muy alta.

Redadas en fiestas gay, latigazos a acusados de homosexualidad, detenciones a mujeres que viven juntas y torturas y humillaciones públicas a docenas de mujeres trans… Son solo algunas de las violaciones de los derechos humanos que el país está llevando a cabo sin que a nadie parezca importarle demasiado. Hace unos días informábamos de que  el gobierno de Aceh se está planteando ir un paso más allá e introducir la decapitación como forma de aplicar la pena capital para determinados delitos.

Pues bien, hace unos días, la policía islámica detuvo a dos universitarios acusados de homosexualidad tras una redada vecinal en Aceh, la única provincia de Indonesia que se rige con la sharia, según confirmaron activistas pro-LGBT.

Los propios vecinos del barrio Lantimpeung de Banda Aceh, capital de Aceh, irrumpieron el pasado día 29 en la residencia de los estudiantes, confiscaron preservativos y teléfonos y les entregaron a las autoridades, indicó a Efe un activista que no quiso revelar su nombre.

Los detenidos tiene 21 y 24 años de edad, uno de ellos es cristiano de la etnia batak y el otro musulmán.

El jefe de la sección de investigación de la policía islámica, Marzuki – un solo nombre, como muchos indonesios -, declaró al portal local Serambi que uno de los arrestados ha admitido los cargos.

Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país

La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se ha abierto sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos hace pocos días, y que ha desencadenado una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía la semana pasada modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).

Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad está siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la presente legislatura, no parecen, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio, en las que 171 regiones votarán por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.

Realidad LGTB en Indonesia

El pasado mes de diciembre recogíamos la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital de este país asiático. Como decíamos hace ahora poco más de un mes, esta la noticia suponía un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive Indonesia. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (En Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017, que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

En diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Fuente Agencias/Cristianos Gays

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