Hace casi un año que Unidos Podemos registró en el Congreso la Ley LGTBI redactada por FELGTB y diversas entidades más y ahora, por fin, empieza su trámite parlamentario. Recordamos el tiempo que ha pasado porque en su momento uno de los motivos por los que FELGTB permitió a Javier Maroto y Andrea Levy (PP) portar la pancarta de la manifestación del World Pride era que con el apoyo de los grupos políticos esperaban que se admitiera a trámite antes del día del Orgullo LGTB+.

La ley ha estado dando vueltas por el Congreso sufriendo continuos retrasos por las diferentes enmiendas que cada grupo político ha querido hacer sobre el texto. Texto que, como dijimos en su momento, era una propuesta y necesitaba esas enmiendas.

La proposición de ley de Igualdad LGTBI presentada por Unidos Podemos en el Congreso ha recibido 287 enmiendas parciales de todos los grupos parlamentarios, incluido el de Podemos, después de que la semana pasada la Cámara Baja tumbara el texto alternativo que había presentado el PP.

El PSOE es el grupo parlamentario que ha registrado un mayor número de propuestas, con alrededor de un centenar de enmiendas; seguido del PP y el grupo mixto, con más de cincuenta cada uno; el PNV, con casi cuarenta; Ciudadanos, 19; Unidos Podemos, 13, y ERC, dos.

También ha eliminado uno de los artículos más polémicos de su texto, la de proceder al “decomiso y destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte” que atenten contra la normativa.

Los socialistas proponen el cambio en la denominación para que sea la “Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género” y la reforma de la legislación para permitir la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales.

Según la diputada Ángeles Álvarez, el objetivo de las enmiendas son “ordenar” y “pulir” el texto de Podemos y “dotar a la proposición de ley de igualdad LGTBI de un marco normativo general contra la discriminación y a favor de la igualdad de trato”. “Todas las enmiendas están diseñadas para buscar un gran acuerdo que permita sacar adelante esta Ley”, ha señalado Álvarez, quien destaca que también pretenden evitar preceptos que ponen en cuestión la Ley de violencia contra las mujeres.

Así, plantean que la definición de violencia intragénero defina “aquellos actos de violencia que se produzcan entre los miembros de una pareja sentimental del mismo sexo”, que serán considerados como violencia doméstica.

El PSOE propone suprimir órganos innecesarios como la Agencia estatal contra la discriminación por orientación sexual o el Centro Nacional de la Memoria Histórica LGTBI.

El PP pide suprimir medio centenar de artículos y varias disposiciones finales de la ley, entre ellos, los que se refieren al ámbito de los menores, eliminado propuestas como tener derecho a recibir de la administración la protección y atención necesarias para promover su desarrollo integral. También pide la anulación del artículo que reconoce el derecho de los menores a desarrollarse física, mental y socialmente de forma saludable, así como en condiciones de libertad y dignidad, y de utilizar libremente el nombre que hayan elegido.

En el medio centenar de enmiendas, el PP rechaza hacer el Centro Nacional de la Memoria Histórica LGTBI, apuesta crear el Consejo Estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI dentro de Sanidad y mantener la legislación vigente respecto a la adopción y acogimiento familiar.

Ciudadanos pide en las 19 enmiendas que la agencia estatal sea sustituida por una Oficina contra la Discriminación por Orientación Sexual, con rango de dirección general y dependiente de Sanidad, cuyas funciones se limiten al asesoramiento, evaluación y elaboración de informes y estadísticas en materia de discriminación y delitos de odio.

También incluir el permiso paterno o de tutor o juez en su caso para someterse a tratamientos hormonales, además de en las intervenciones quirúrgicas, que plantea se hagan a partir de los 16 años.

Por su parte, el PNV pide eliminar la referencia al auxilio de la fuerza pública para hacer efectivo el derecho de admisión ante casos de discriminación y varias modificaciones para evitar invasión de competencias de algunas de las medidas.

ERC presenta una enmienda para modificar la redacción de la Agencia Estatal para que respete el ámbito competencial y la legislación autonómica al respecto.

Entre las enmiendas del Grupo Mixto, se plantea corregir algunos artículos, como el relacionado con los menores para incluir que se tenga especialmente en cuenta su derecho al libre desarrollo de la personalidad y su capacidad para tomar decisiones tanto para acceder a la reasignación sexual quirúrgica, como para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado.