Trump quiere proteger al personal sanitario que se niegue a tratar a personas trans
Roger Severino, el ultraconservador al cargo de la Oficina de Derechos Civiles del HHS (gracias a Trump)
La administración Trump quiere proteger al personal sanitario que se niegue a llevar a cabo tratamientos que vayan contra su “moral” o “libertad religiosa”.
La medida permitiría a un sanitario negarse a tratar a una persona trans, ofrecer medidas de control de la natalidad, tratar a pacientes de VIH/SIDA o incluso informar sobre el aborto.
Como no ha tenido suficiente con instaurar el Día de la Libertad Religiosa y posicionarse en un juicio del Supremo del lado del derecho a discriminar a las personas LGTB+ en base a las convicciones religiosas de cada uno, ahora la administración de Donald Trump quiere que el personal sanitario pueda negarse a atender a determinados pacientes si eso entra en conflicto con fe o su moralidad.
El Departamento de Salud y Servicios Sociales tiene una política de derechos civiles que prohíbe a un trabajador del mismo negarse a, por ejemplo, atender a una persona trans durante su proceso de transición en base a esas convicciones personales. Hasta ahora en ese departamento (el HHS) imperaban los derechos civiles y la ley federal por encima de la conciencia.
Pero la Casa Blanca está revisando una propuesta de cambio en esa norma, que ha surgido desde el propio HHS, para proteger a esos trabajadores y asegurar que puedan expresar sus objeciones morales o religiosas frente a esas situaciones. Desde que Trump designó a Roger Severino como director de la oficina de de derechos civiles del HHS el organismo ha mostrado públicamente en varias ocasiones su disconformidad con la política instaurada por Obama que anteponía la salud y el servicio al paciente. En 2011 se reescribieron varias protecciones estipuladas durante el mandato de George Bush que protegían a los trabajadores que quisieran negarse a tratar a personas trans, ofrecer técnicas de control de la natalidad, cuidados paliativos, abortos o incluso tratamientos contra el VIH/SIDA. Este giro, que se espera se anuncie de forma oficial hoy mismo, se ha interpretado como un claro ataque a la comunidad LGTB+.
No es más que el uso de la religión para herir a las personas porque alguien no aprueba quiénes somos“, ha explicado Harper Jean Tobin, del Centro Nacional por la Igualdad Transgénero, “Cualquier Norma que garantice el derecho a discriminar será una desgracia y una burla al derecho a la libertad religiosa que todos apreciamos.” Y es que el colectivo LGTB+ nunca se ha mostrado contrario a esa libertad, pero sí que pretenden luchar contra los que quieren utilizar esa libertad para justificar la discriminación LGTBfóbica.
Desde la otra cara de la moneda Melanie Israel, de la Heritage Foundation (una organización ultraconservadora con un largo historial de confrontación con los derechos LGTB+ a la que, como puedes ver ahí arriba, pertenecía el propio Severino) ha asegurado que las violaciones de la conciencia de los trabajadores son demasiado habituales y es primordial que el gobierno les proteja: “Asegurar que los fondos del HHS no apoyan prácticas discriminatorias o moralmente coercitivas, o políticas que violan la ley federal no debería ser en absoluto controvertido.”
Con esta nueva reforma se establecería, dentro de la oficina de derechos civiles del HHS, un nuevo organismo, la División de Conciencia y Libertad Religiosa, que revisará las quejas de los trabajadores que consideren que su fe o su moral se ve comprometida por las prácticas sanitarias que tengan que llevar a cabo. Y, por supuesto, protegerán su “derecho” a la objeción de conciencia.
Varias organizaciones de pacientes y grupos legales han avisado ya de que plantarán cara si algún trabajador del HHS se niega a ofrecer un servicio sanitario en base a la orientación sexual, el género o la expresión de género de un paciente. “Si la administración decide seguir adelante en la implantación de esta política discriminatoria, nos veremos en los juzgados” ha explicado en un comunicado Louise Melling, de la ACLU.
Fuente | Politico, vía EstoyBailando
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