Este lunes se ha iniciado el proceso contra Isauro Aguirre, en el que se le juzga por la tortura y el asesinato de su hijastro de 8 años, Gabriel Fernández, al que tanto él como la propia madre del pequeño despreciaban por creer que era gay. El caso se remonta a mayo de 2013,  y creó una gran conmoción en Los Ángeles y en el resto de los Estados Unidos. A Gabriel, conocido también como Gabrielito, al parecer le gustaba jugar con muñecas y a su madre y al novio de esta parecía disgustarles esta y otras conductas, al no considerarlas aceptables. El fiscal ha revelado que Aguirre golpeó a Gabriel, lo mordió, lo quemó con cigarrillos, le disparó con un arma de fogueo mientras estaba encerrado en una jaula, lo alimentó con arena para gatos, tuvo que ingerir su propio vómito, lo encerraba con un calcetín en la boca para que no pudiera gritar y tenía que hacerse encima sus necesidades. Sorprendentemente, la defensa de Aguirre niega el agravante de “tortura”. Perla Fernández (la madre) y cuatro trabajadores sociales, también están imputados y serán igualmente juzgados.

“No llamaron al 911 para ayudar a Gabriel. Llamaron al 911 para ocultar lo que hicieron. El acusado mintió en la llamada al 911”… Esta es una de las alegaciones que ha presentado el fiscal Jon Hatami en la primera sesión del juicio contra Isauro Aguirre, celebrada este lunes. Hatami también ha relatado los abusos y las vejaciones cometidas contra el pequeño de 8 años durante meses por Aguirre y Perla Fernández, hasta que Gabriel acabó falleciendo. Asimismo, se mostraron ante el tribunal el conjunto de armas y herramientas utilizadas para martirizar al menor (botas militares, armas de fogueo, espráis pimienta, correas…), algunas de las cuales poseía el acusado en calidad de vigilante de seguridad.

Por su parte, el abogado defensor, John Allan, decía que Isauro Aguirre “es culpable de asesinato, pero la circunstancia especial alegada, de que pretendía matar a Gabriel con la imposición de tortura, no es cierta”. Resulta difícil de sostener, según ha presentado este letrado, que “a pesar del horrible abuso, Isauro nunca tuvo la intención de que Gabriel muriera”. En este sentido, Aguirre se ha declarado “no culpable” de los cargos que se le imputan y tendrá que someterse al veredicto del jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, que tendrán que determinar su grado de culpabilidad en este caso. Si el tribunal admite la tortura como agravante del asesinato, Aguirre puede enfrentarse a la pena capital.

“Este es un caso altamente emotivo”, decía el alguacil en la sala antes de que se iniciara la sesión. Ante la repugnancia de los hechos, este funcionario advertía a los asistentes que debían controlar sus emociones, para evitar ser apercibidos y que no se les prohibiera la asistencia al resto del juicio.

Como regió dosmanzanas en su momento, el pequeño sufría malos tratos desde octubre de 2012, la infortunada fecha en la que Perla Fernández reclamó su custodia (antes vivía con sus abuelos). Fernández y su pareja, Isauro Aguirre, sometieron al niño a un auténtico infierno, motivado entre otras cosas por su creencia de que el niño era homosexual: le proferían insultos homófobos, le azotaban con una hebilla metálica y le golpeaban con un bate de béisbol cuando le encontraban jugando con muñecas, además de obligarle a salir a la calle vestido de niña, entre otras vejaciones.

El fiscal Hatami enseñó al jurado fotografías de cuando Gabriel vivía con sus abuelos y lucía un aspecto saludable y de felicidad, mientras que ocho meses después, cuando su madre recuperó la custodia, aparecía con el cuerpo abatido. “La evidencia mostrará que fue golpeado, quemado, magullado…”, ha aseverado Hatami. Aguirre “era un guardia de seguridad que torturó intencionalmente y abusó de un niño pequeño indefenso e inocente”, ha concluido el fiscal.

Se espera que el juicio contra Aguirre dure aproximadamente ocho semanas y la madre del niño será juzgada por separado. Cuatro trabajadores sociales del condado de Los Ángeles que fueron asignados al caso de Gabriel también enfrentan cargos relacionados con la muerte. Este caso puso en tela de juicio la actuación de los servicios sociales del condado de Los Ángeles, que no hicieron nada por evitar el sufrimiento de Gabriel pese a recibir varias denuncias del maltrato que sufría, entre ellas las de su propia profesora, y a tener incluso constancia de que el pequeño había escrito una nota de suicidio poco antes de ser asesinado.

Fuente Dosmanzanas

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