Burundi ha comenzado a detener a activistas y a personas LGTB en el marco de una persecución organizada de Estado. Dos de las víctimas son menores de edad y su “delito” fue subir a Facebook un vídeo en el que aparecen bailando juntos. La policía de este país africano de mayoría católica identificó el lugar, en la comuna de Kamenge (provincia de Bujumbura Mairie), y arrestó a los jóvenes, entre otras personas acusadas de “homosexualidad” y de atacar la cultura y las tradiciones burundianas. Jean-Daniel Ndikumana, un abogado abiertamente gay de Burundi que ahora trabaja como jefe de un proyecto de asilo LGTB en Bélgica, ha condenado estas detenciones y señala que el objetivo de algunas de ellas es extorsionar a los arrestados para obtener un beneficio económico, mientras la policía los somete a todo tipo de abusos y vejaciones. La decisión del presidente Pierre Nkurunziza de intensificar la represión contra la comunidad LGTB coincide con la salida de Burundi de la Corte Penal Internacional, que será efectiva dentro de unos días.

Inspirado por las violaciones que otros Estados están llevando a cabo recientemente contra los derechos del colectivo LGTB en diversos países como Egipto, Acerbaiyán o Indonesia, el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, se ha propuesto hacer cumplir el Código Penal del país, que desde 2009 criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y, por extensión, cualquier visibilización de la diversidad sexual o de orientación de género. En estos años se han cerrado asociaciones LGTB y organizaciones favorables a la igualdad de derechos y ahora se anuncia el comienzo de una etapa todavía más oscura para los derechos humanos de este pequeño país africano, durante el tercer mandato de Nkurunziza.

El periodista burundiano Bakari Ubena se hacía eco de las primeras detenciones de personas LGTB por su orientación sexual o identidad de género el pasado 6 de octubre, a través de su cuenta de Twitter. Ubena recogía las declaraciones de la policía en este sentido a varios medios locales.

Polisi ya #Burundi yatangaza kuwasaka na kupambana na watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja.Tayari watu kadhaa wamekamatwa.#LGBT pic.twitter.com/VFNSv9KFw0

— BAKARI Ubena (@BakariUbena) 6 de octubre de 2017

Entre las nuevas víctimas de la LGTBfobia de Estado hay dos menores de edad, detenidos tras subir a Facebook un vídeo en el que aparecen bailando juntos. “Los conozco muy bien porque fui su director de proyecto de 2010 a 2013”, ha lamentado Jean-Daniel Ndikumana, un abogado abiertamente gay de Burundi que ahora trabaja como jefe de un proyecto de asilo LGTB en Bélgica. “Afortunadamente, pude dejar mi país debido a mi orientación sexual, ya que estaba en peligro debido a mi activismo”, ha declarado este letrado y activista. Los arrestados, según denuncian distintas fuentes, son sometidos toda clase de vejaciones con la finalidad de que paguen sobornos a la policía a cambio de su liberación.

Burundi: camino a una autocracia contraria a los derechos humanos

Human Rights Watch considera que la tercera legislatura de Pierre Nkurunziza “ha sumido al país en una espiral de violencia política y abusos generalizados de los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad y los miembros del ala juvenil del partido gobernante, los Imbonerakure, atacan a los opositores”. También denuncian que “matan, violan, torturan, desaparecen forzosamente o maltratan” a civiles por motivos ideológicos o económicos.

Esta organización internacional define el sistema de justicia como “profundamente manipulado por el partido gobernante”, por lo que “la impunidad es generalizada”. En este clima, Burundi está a punto de dar portazo definitivo a la Corte Penal Internacional de la Haya, de la que solicitó en octubre del año pasado dejar de ser parte y que el próximo día 27 será efectiva. Esta retirada se produce por las graves acusaciones contra el Gobierno de Pierre Nkurunziza en materia de derechos humanos.

De hecho, el presidente de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Burundi, Fatsah Ouguergouz, lo acusa de “crímenes de lesa humanidad”. Se habla de más de 500 personas fallecidas como consecuencia de la violencia promovida por plataformas y personas afines al Gobierno y de, al menos, 300.000 refugiadas en otros países. Desgraciadamente, el colectivo LGTB es el siguiente en la lista negra del presidente Nkurunziza y sus secuaces. Burundi fue uno de los 13 países que votaron recientemente en contra de la prohibición de las Naciones Unidas de aplicar la pena de muerte a personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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