El departamento de Justicia de los Estados Unidos presenta este jueves, 7 de septiembre, un amplio informe de 41 páginas a favor del dueño de Masterpiece Cakeshop, de cara a la resolución del Tribunal Supremo sobre un caso en el que ha sido considerado culpable.

De esta manera, la administración de Donald Trump apoya la discriminación contra una pareja del mismo sexo ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, alineándose con un pastelero condenado por negarse a hacer su tarta de bodas.

Se trata de un informe en el que defienden la postura de Jack Phillips, quien reclama su derecho a la libertad religiosa y la libertad de expresión, que se estarían violando si se le obliga a hacer una tarta para Charlie Craig y David Mullins. La pareja encargó en 2012 una tarta de bodas en la pastelería de Denver de Phillips, quien se negó a cumplir el encargo afirmando que no hacía tartas para parejas homosexuales. «Una tarta de bodas personalizada es una forma de expresión», asegura Jeffrey B. Wall, abogado responsable de la recomendación del Departamento de Justicia, defendiendo que el pastelero tiene el derecho de libertad de expresión bajo la Primera Enmienda para negarse a «expresar» su apoyo a una boda entre personas del mismo sexo.

«Sabemos que la tolerancia es una calle de doble dirección y la dignidad se corta en ambos sentidos. Necesitamos proteger el derecho de todos los estadounidenses a vivir y trabajar según sus creencias religiosas y no obligar a las profesiones a crear arte visual que viole quiénes son», declara Kristen Wagoner, abogada de Alliance Defending Freedom, en representación de Phillips, quien asegura que ha perdido alrededor del 40 por ciento de su negocio, así como a varios miembros de su personal, como consecuencia de su decisión de no hornear tartas de bodas para gays. El caso se encuentra ahora a la espera de una resolución por parte del Tribunal Supremo, después de que el acusado fuera declarado culpable de haber violado la Ley Contra la Discriminación de Colorado.

El escrito presentado por el Departamento de Justicia ha provocado las críticas de la American Civil Liberties Union, que representa a la pareja y que ni siquiera considera que el Tribunal Supremo debiera haber accedido a contemplar el caso, permitiendo que se resolvieran las decisiones judiciales a favor de Craig y Mullins. «Este Departamento de Justicia ha dejado clara su hostilidad a los derechos de las personas LGBT y tantos otras. Estamos seguros de que el Tribunal Supremo se pronunciará sobre la igualdad de derechos de los tribunales inferiores», declara Louise Melling, directora legal de ACLU, asegurando que la administración de Trump está tratando de crear un «derecho constitucional para discriminar».