Si el Tribunal Supremo no lo impide, entre septiembre y noviembre tendrá lugar en Australia una consulta postal no vinculante y de carácter “estadístico” sobre el matrimonio igualitario. A la espera de su convocatoria definitiva, los partidarios del “sí” y del “no” ya han empezado a movilizarse. Entre los segundos, destacan las posiciones extremadamente beligerantes de la Iglesia católica, que mientras advierte del “acoso y coacciones” que supuestamente sufrirán los contrarios a la igualdad LGTB si se aprueba la medida, amenaza con el despido a los empleados de los colegios, hospitales y otras instituciones que regenta si desafían su doctrina con respecto al matrimonio con personas de su mismo sexo.

Tras el segundo fracaso parlamentario de la propuesta de referéndum sobre el matrimonio igualitario promovida por el primer ministro australiano Malcolm Turnbull, la alternativa de la consulta postal está en marcha. Aunque su celebración depende todavía de la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Supremo que pretende paralizar lo que considera un trámite innecesario y divisivo para la sociedad. El alto tribunal decidirá en la primera semana de septiembre sobre la legalidad del proceso que, si recibe el visto bueno, tendrá lugar entre el 12 de ese mes y el 7 de noviembre. La consulta tendrá el carácter de un estudio social y se desarrollará bajo la supervisión de la Oficina Australiana de Estadística con un coste previsto de 122 millones de dólares australianos (unos 82 millones de euros).

Mientras tanto, y a pesar de que Turnbull anunció que no habrá campañas oficiales, los partidarios del “sí” y del “no” a la igualdad matrimonial se preparan. Entre los primeros, la principal preocupación es el registro de votantes en el censo, que se cierra el próximo 24 de agosto. Especialmente de los más jóvenes, entre los que se prevé un apoyo ampliamente mayoritario a la igualdad LGTB pero presentan la proporción más baja de inscritos. El líder de la oposición laborista, Bill Shorten, ha anunciado que hará campaña por el “sí” a pesar de oponerse a la consulta.

Por su parte, los contrarios al matrimonio igualitario también calientan motores. Especialmente activa se ha mostrado en las últimas semanas la jerarquía católica, que advierte de fatales consecuencias para la libertad religiosa y de conciencia si finalmente las parejas del mismo sexo adquieren su derecho a casarse. El arzobispo de Sídney prevé escenas de “acoso y coacciones” contra los que se opongan a la igualdad. Anthony Fisher ha pedido medidas de protección para las instituciones religiosas que les permitan seguir defendiendo abiertamente su visión discriminatoria de las personas LGTB.

El ex primer ministro Tony Abbott, católico y convencido oponente de la igualdad matrimonial, se ha sumado a esta campaña contra una supuesta imposición de unos valores denostados bajo la etiqueta de lo “políticamente correcto”. La táctica consiste en vincular el matrimonio igualitario, sobre el que existe una amplia mayoría favorable según las encuestas, con otros temas más divisivos como la educación o la libertad de expresión. Para ello, Fisher arremetió contra los programas educativos de prevención del acoso escolar basado en la LGTBfobia, a los que tachó de “propaganda”.

Más allá incluso ha ido el arzobispo de Melbourne, Denis Hart, que avisó a los empleados de instituciones católicas sobre las consecuencias de “desafiar” la visión excluyente del matrimonio que promueve su confesión. Hart lanzó una amenaza a los trabajadores de escuelas y otros establecimientos regentados por la jerarquía católica: “Como todos los demás empleadores, la Iglesia católica debería poder asegurarse de que aquellos que eligen trabajar para la organización defienden sus valores”. En Australia hay unos 180.000 empleados en establecimientos católicos.

Fuente Dosmanzanas

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