El Senado de Chile despacha una Ley de Identidad de Género que excluye a niños y casados y patologiza a mayores de 18 años
Presentamos las opiniones del MOVILH y de la Fundación Iguales:
Con todo, el proyecto despachado es mejor que el original, pues permite a los mayores de 18 años cambiar su nombre y sexo legal en el Registro Civil. Se espera mejorar la norma en la Cámara de Diputados.
Tras cuatro años de tramitación en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la Sala despachó ayer el Proyecto de Ley que Protege y da Protección al Derecho a la Identidad de Género, siendo el principal aporte de la norma permitir el cambio de nombre y sexo legal de los mayores de 18 años en el Registro Civil.
Sin embargo, los niños, niñas, adolescentes y las personas casadas fueron excluidas del proyecto, mientras que a los adultos se les exigirá certificados psiquiátricos o psicológicos para cambiar su nombre y sexo legal en el Registro Civil.
Pese a sus evidentes y graves deficiencias, el proyecto despachado por el Senado es mejor que el original, el cual había ingresado a tramitación el 7 de mayo del 2013 con el explícito rechazo de la casi totalidad de los movimientos lésbicos, gays, bisexuales, transexales e intersexuales (LGBTI) de Chile, entre esos el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
En efecto, el proyecto original mantenía judicializado el cambio de nombre y sexo legal de las personas trans, pues sólo trasladaba el trámite de los tribunales civiles a los de familia, siendo eso su único supuesto aporte o innovación.
En cambio, la iniciativa despachada por el Senado posibilita que al menos los mayores de 18 años puedan rectificar su partida de nacimiento con un trámite simple en el Registro Civil y sin que exista posibilidad de oponerse a ello, gracias a indicaciones propuestas desde el 2013 por el Sindicato Amanda Jofré y el Movilh que fueron apoyadas por variados senadores e impulsadas desde el año anterior por el Gobierno, en particular por su vocera Paula Narváez.
En este contexto Narváez enfatizó ayer en el Senado el compromiso del gobierno por terminar con las deficiencias del proyecto de ley durante la tramitación que iniciará en la Cámara de Diputados, dando especial relevancia a la necesidad de proteger a los niños y niñas trans.
“Nosotros como Ejecutivo seguiremos adelante en la tramitación perseverando en la incorporación de niños, niñas y adolescentes”, dijo Narváez.
Horas después fue la propia presidenta Michelle Bachelet quien se refirió al tema en el programa El Informante, donde valoró el despacho de la iniciativa, pero resaltó ”que niños y adolescente deberían se parte del proyecto de identidad de género”
“Estamos contentos de haber superado esta etapa del proceso legislativo que se llevó a cabo por cuatro años. Esto sigue adelante, tenemos que llegar a la Cámara de Diputados. Hoy día se hace, a través de este paso fundamental, un reconocimiento a todos y todas las personas trans a un derecho tan fundamental como es la identidad de género”, redondeó Narváez.
De igual manera, los movimientos LGBTI y los senadores y senadoras que impulsaron decididamente los derechos trans festejaron el término de la tramitación de la iniciativa en el Senado. Ello, porque la férrea oposición de legisladores de la UDI y de RN, acompañada de algunos DC, había vuelto inviable que saliera un buen proyecto, convirtiendo a cada debate en el Senado en un peligro constante que lo empeoraba aún más.
Últimos debates
En cuatro sesiones la Sala del Senado terminó por debatir y votar el proyecto salido de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Por un lado los/s senadores/as Isabel Allende, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro y Lily Pérez defendieron con diferentes énfasis los derechos de las personas trans y criticaron las deficiencias del proyecto.
Por otra parte, los senadores Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma, Francisco Chahuán, Alberto Espina, Hernán Larraín, Iván Moreira, Jacqueline Van Rysselberghe y Ena Von Baer, intentaron limitar los derechos de las personas trans.
Al debate sobre el Registro Civil y la exigencia de certificados médicos, se sumó el martes pasado como una de las principales discusiones los derechos de los casados y de los convivientes civiles.
En concreto, el Senado excluyó a los/as transexuales casados/as de la norma, pero mantuvo a los convivientes civiles, una diferencia de criterios que a juicio del Movillh demuestra “que el Parlamento aún no entiende la realidad que está legislando, ya sea por prejuicios, discriminación o ignorancia”
“En la actualidad las personas trans sí pueden cambiar su nombre y sexo legal, pero el proyecto de ley lo impide, lo que es un retroceso grave y mayúsculo. Esta situación se da porque los legisladores confunden la orientación sexual con la identidad de género y piensan que de permitirse a casados el cambio de nombre y sexo legal, los homosexuales podrían legalizar su unión. Pues eso no ha pasado, pese a que la ley actual lo permite. Es absurdo que suceda. La homosexualidad no es lo mismo que la transexualidad”.
Fue la misma ignorancia o el mismo desprecio por la diferencia lo cual llevó al Senado a permitir que los convivientes civiles sí puedan cambiar su nombre y sexo legal, pues los ultraconservadores favorables a esta idea argumentaron su apoyo en el hecho de que “el matrimonio sólo es entre un hombre y una mujer y la unión civil es algo distinto” que no requeriría protección.
Fuente MOVILH
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El pasado día 14 y después de cuatro años de tramitación, el proyecto de ley de identidad de género fue despachado del Senado, por lo que pasa a su segundo trámite constitucional.
Después de cuatro años de tramitación, 14 periodos de indicaciones, más de 260 indicaciones solo durante el último año y luego de tres días de votación en Sala, esta tarde el proyecto de ley de identidad de género fue despachado del Senado, pasando a segundo trámite constitucional.
La iniciativa, ingresada el 7 de mayo de 2013, busca reconocer el derecho a la identidad de las personas trans mediante la adecuación de sus documentos de identificación para que estos concuerden con su identidad de género. Con esto, se persigue evitar situaciones de discriminación contra esta comunidad y facilitar su acceso a educación, salud y trabajo.
El presidente ejecutivo de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, valoró que la iniciativa avanzara en su tramitación, pero lamentó algunos retrocesos que tuvo el espíritu del proyecto, tanto en la Comisión de Derechos Humanos donde, debido a una indicación presentada por el senador Andrés Allamand — votada a favor por Jacqueline van Rysselberghe, Manuel José Ossandón y Manuel Antonio Matta— se dejó a niños, niñas y adolescentes fuera de esta iniciativa; como a la votación de la Sala, donde se repuso la indicación que exige la presentación de una evaluación médica por parte de los/as solicitantes.
Ésta última fue presentada por el senador Ignacio Walker, rechazada en la Comisión de Derechos Humanos y repuesta por 12 votos a favor y siete en contra, en la Sala. Con ella, se le exigirá a los/as solicitantes la presentación de una evaluación médica con el objeto de determinar si “(él o ella) cuenta con las condiciones psicológicas y psiquiátricas necesarias para formular la solicitud”.
“Después de cuatro años estancada, la ley de identidad de género por fin pasa su primer trámite constitucional. Sin embargo, hoy es un proyecto incompleto, pues excluye a niños, niñas y adolescentes —sin duda los más vulnerables a la discriminación— y patologiza a las identidades trans con la exigencia de exámenes médicos. En este sentido, llamamos a los diputados a enmendar este proyecto de ley, y convertir la identidad de género en un derecho que se pueda ejercer dignamente”, dijo Pi.
Además, es importante destacar que gracias a la votación en Sala se logró aprobar, por 17 votos a favor y 3 en contra que las solicitudes sean vistas por el Registro Civil, por 23 votos a favor y cero en contra, que las personas trans que estuvieran casadas puedan hacerlo ante los Tribunales de Familia y, por 12 votos a favor y 6 en contra, se rechazó que terceros — padres/madres, hijos/as y cónyuges — se puedan oponer al cambio de nombre y sexo registral.
Fuente Fundación Iguales
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