Una fuerte denuncia realizó el periodista Fernando Carnota en Animales Sueltos: El Gobierno nacional le pidió ahorro a las delegaciones provinciales del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo). En ese contexto, a través de un mail enviado por el coordinador de Delegaciones del organismo, José Amor, a todas las delegaciones, les hizo saber que las autoridades nacionales solicitaron que las sedes de todas las provincias funcionen en lugares donde no se tenga que pagar alquiler o expensas.

Este pedido de “ajuste” trajo consigo la sospecha de que pudieran cerrar algunas reparticiones y también de posibles despidos, golpe frontal a un área muy sensible que había venido creciendo y ampliando sus derechos durante los últimos años. “Esta decisión, comunicada por la Dirección de Delegaciones del organismo “es una propuesta para ver si podemos encontrar otro lugar, dentro de otro organismo nacional, para ubicarnos” declararon desde la delegación de Entre Ríos.

Hasta el momento, en el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, su titular, Germán Garavano no se ha hecho eco de la medida. Según dicen en su entorno, porque esta decisión obedece a que el pedido de “achicamiento” fue que eliminen de sus programas diez items que permitan generar un ahorro sustancial, con lo cual subsecretarios y directores puesto”manos a la obra” y estarían “suprimiendo” sin ningún tipo de plan, sólo a “su criterio” este recorte, y una de las consecuencias puede ser el cierre de muchas de las delegaciones que no encuentren un lugar “gratuito” donde funcionar.

Cabe recordar las funciones que cumple la gestión del INADI: se desarrolla a nivel federal por medio de las Delegaciones en todas las jurisdicciones provinciales, que replican las acciones de promoción e implementación de políticas públicas destinadas a fomentar la diversidad, garantizar el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. Las delegaciones realizan acciones de sensibilización y capacitación sobre prevención de prácticas discriminatorias y promoción de los valores de la diversidad, destinadas a toda la comunidad, organismos públicos y ONG.

También orientan y asesoran a las personas o grupos vulnerados en sus derechos y reciben denuncias referidas a todo tipo de discriminación. En cuanto a las políticas contra la discriminación, tienen la tarea de organizar, promover y dar seguimiento con acciones que impliquen la aplicación de programas de carácter federal y locales. Está entre sus tareas, articular con los estados provinciales, municipales y los organismos nacionales con asiento territorial. Incluye la gestión de las aprobaciones y autorizaciones inherentes a la concreción de las propuestas de políticas públicas impulsadas por el Instituto.

En lo referido a la Asistencia a la Víctima, tienen la tarea de asesorar a las personas y grupos discriminados. Recepcionar y registrar las denuncias; sustanciado las mismas, incluyendo el intento de conciliación o cualquier otro método de solución amistosa. A la vez deberán intervenir de oficio en casos que se conozca de discriminación. Por último darle patrocinio gratuito a personas y grupos discriminados, que vean vulnerados sus derechos.

Fuente: El Intransigente, vía SentidoG

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