El gobernador republicano de Kentucky aprueba una ley que permite a los grupos estudiantiles en colegios públicos discriminar a sus posibles miembros basándose en su “libertad religiosa”.

Al gobernador de Kentucky ya le conocemos. Se llama Matt Bevin y es el señor que cambió la legislación sobre cómo se entregan los certificados de matrimonio en su estado para evitar que Kim Davis fuera a la cárcel. Sí, evidentemente es republicano.

Y como buen republicano que es está ahora empeñado con el tema de las leyes de libertad religiosa, que son la excusa que se han buscado ahora para poder legalizar la LGTBfobia y poder discriminar a los demás sin que se les acuse de nada. Y pasa esto porque aún hay mucha gente que dice que apoya mucho al colectivo LGTB pero que entiende que todo el mundo tiene derecho a su opinión, algo que no dicen sobre, por ejemplo, el racismo. Si todos nos pusiéramos de acuerdo en que la LGTBfobia no es una opinión, gente como Matt Bevin no podría hacer lo que ha hecho.

Y es que el gobernador de Kentucky acaba de anunciar que ha aprobado la ley SB 17. Esa ley anula el requisito fundamental de que todas las organizaciones estudiantiles sean inclusivas y permite que se salten la cláusula del “todos bienvenidos”, una cláusula que obliga (más bien obligaba) a esas organizaciones a no discriminar a ningún estudiante en base a su raza, sexo, religión, orientación sexual o identidad de género.

La nueva ley redefine eso del “todos bienvenidos” y le da la vuelta al concepto de la discriminación para convertir al opresor en oprimido. La ley dice: “Ningún cuerpo educativo debe interferir en organizaciones estudiantiles religiosas o políticas para provocar que sean discriminadas en cuanto a sus asuntos internos, la selección de líderes o miembros, la definición de sus doctrinas y principios, la resolución de disputas organizativas con respecto a su misión, o en su determinación de que sólo personas comprometidas con dicha misión formen parte de sus actividades.”

Básicamente: la ley prohibe a los centros educativos prohibir a las organizaciones que discriminen a los posibles miembros en base a los criterios que les dé la gana (mayoritariamente, criterios de “libertad religiosa”). Y no sólo eso, la ley también protege la “libertad de expresión” de los estudiantes que quieran compartir sus puntos de vista, opiniones o material religioso o político aunque éste sea LGTBfóbico.

La directora legal de la Human Rights Campaign ya ha tildado esta ley de vergonzosa y discriminatoria y asegura que pone en riesgo las políticas antidiscriminación de los centros educativos públicos: “Ningún alumno debería temer ser excluido de un club escolar o de participar en una actividad por ser LGTBQ. Mientras que los grupos privados deben tener toda la libertad de expresar sus ideas religiosas, no se les debería permitir discriminar injustamente a nadie con dinero de los contribuyentes.”

Fuente: Human Rights Campaign, vía EstoyBailando

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