El Rey Felipe VI rindiendo pleitesía al Presidente de la CEE Ricardo Blázquez
Simbólico gesto… ¿Por qué si el jefe del Gobierno, ministros y ministras y gentes varias amén de todos los “súbditos” que se le acerquen a saludar, se inclinan ante el Jefe del Estado, éste sólo lo hace ante un obispo? Nos daría igual que lo hiciera como Jefe de la Casa de Borbón, pero es que es el Jefe de un Estado aconfesional que no tiene por qué hacer este gesto de sumisión al presidente de una de las religiones que existen en España.
Tras cuarenta años de democracia representativa y varias transiciones en España, el nacional-catolicismo no acaba de morir y el laicismo no acaba de nacer. La responsabilidad de ambos fenómenos es compartida a partes iguales por los diferentes gobiernos de derechas, de centro y de izquierda, que no dieron los pasos adecuados para enterrar el modelo nacional-católico y crear un Estado laico. Una responsabilidad no menor le corresponde a la jerarquía católica que, desde el principio, exigió conservar buena parte de los privilegios del franquismo, empezando por la referencia a la Iglesia católica en la Constitución de 1978 y siguiendo por los pingües beneficios recibidos por el Estado en campos fundamentales como la educación, las exenciones fiscales, la dotación económica, los bienes culturales eclesiásticos, la atención a las fuerzas armadas, etc. Y todo con el beneplácito, en buena medida, de los diferentes poderes del Estado. Cuanto más elevaban la voz los obispos y los sectores conservadores a ellos vinculados, cuantas más manifestaciones apoyaban en defensa de sus privilegios, más favores conseguían.
Tales beneficios y privilegios quedaron plasmados en los Acuerdos de rango internacional de 1979 firmados entre el Estado Español y la Santa Sede, que suponían una clara discriminación de las demás confesiones religiosas. Solo trece años después se firmaron los Acuerdos de rango nacional con las comunidades musulmanas, judías y evangélicas, que en ningún caso lograban llegar a la situación privilegiada de la Iglesia católica, pero que también concedían mejoras a las religiones minoritaria consideradas de notorio arraigo.
Es innegable la complicidad de los sucesivos dirigentes eclesiásticos y de los sucesivos gobiernos que, o bien aprobaron los Acuerdos con la Santa Sede, o bien no los denunciaron. En el caso del PSOE no fueron suficientes 21 años de gobierno para cambiar el paradigma de relaciones Iglesia-Estado, tan beneficioso para la Iglesia católica. Son esos beneficios los que están salvando a la iglesia católica de la crisis profunda en que está sumida, que se traduce en una creciente pérdida de católicos, una generalizada desafección de la juventud hacia ella, la cada vez más baja práctica religiosa, el envejecimiento de las personas católicas, el no seguimiento de las orientaciones morales de la jerarquía, etc.
Yo creo que ni los gobernantes ni los obispos han seguido el ritmo de la sociedad española, que, ya desde finales del franquismo, inició una transición serena de la confesionalidad a la secularización de la vida cívica y de la ética religiosa caracterizada por la moralina, a la ética laica basada en la dignidad de la persona, los derechos humanos y la ciudadanía. Concedo especial importancia al proceso de secularización y de emancipación en lo referente a los derechos de las mujeres gracias a los análisis críticos de la teoría de género y a las reivindicaciones del movimiento feminista, que han obligado a elaborar leyes de igualdad y contra violencia de género.
Los gobernantes, sin embargo, han seguido mirando con el rabillo del ojo a los jerarcas católicos intentando no molestarlos con sus actuaciones políticas que rozaran aspectos relacionados con la religión consagrada en la constitución como mayoritaria y privilegiada. A su vez, los obispos siguen considerándose los guardianes de la moral y los verdaderos intérpretes de una supuesta “ley natural” que los lleva a condenar la legislación relativa a los modelos de pareja, familia y matrimonio que no coincidan con el modelo heterosexual, así como al origen y el final de la vida, que defiendan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la eutanasia. Felizmente hace tiempo que la ciudadanía española ha conseguido liberarse de dicha ley de sus intérpretes, apelando a la autonomía de la conciencia.
A pesar de la evolución de la sociedad española en dirección a la secularización, hoy siguen dándose manifestaciones de nacional-catolicismo y de resistencia al laicismo en el campo político. Una fue el juramento de Rajoy y de once de sus trece ministros en la Zarzuela en la toma de posesión de sus respectivos cargos reconociendo a la Biblia el mismo rango que a la Constitución y con presencia del Crucifijo que venía a legitimar la política del Gobierno del PP. Esta estampa confesional nos retrotrae a épocas históricas que creíamos superadas.
La segunda manifestación nacional-católica ha sido la presencia de una delegación oficial de las tres instituciones del Estado: nacional –Rafael Catalá, ministro de Justicia, en representación del Gobierno español, secretarios de estado, embajador ante la Santa Sede, etc.-; autonómica –Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid y Ángel Garrido, consejero de la Presidencia y Justicia-; municipal -José Javier Barbero, concejal de Seguridad, Salud y Emergencia-, en el Vaticano en la imposición del capelo cardenalicio al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro Sierra.
Ni el Rey es constitucionalmente católico, ni la Iglesia católica es teológicamente monárquica. Y, sin embargo, el pasado mes de noviembre el rey Felipe VI visitó oficialmente, en calidad de Jefe de Estado, la Conferencia Episcopal Española (CEE) con motivo del cincuenta aniversario de su creación. Estuvo acompañado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que copresidió el acto. En su discurso el rey elogió la actividad caritativa y asistencial de la Iglesia católica y el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, expresó lealtad a la monarquía y pidió a Dios bendiciones para la familia real.
A tenor del carácter oficial de la visita podemos estar ante una reedición de la alianza entre el Trono y el Altar, dos instituciones no democráticas y patriarcales, ya que, por una parte, el Jefe del Estado español no es elegido por la ciudadanía y el varón tiene preferencia sobre la mujer para acceder al Trono, y, por otra, los obispos no son elegidos por la feligresía católica ni las mujeres pueden acceder al sacerdocio y al episcopado.
Ante las iniciativas que empiezan a surgir a favor de un pacto educativo, los obispos ya han empezado a tomar posiciones y no precisamente de diálogo, sino de exigencias que consideran irrenunciables, como el mantenimiento de la enseñanza confesional de la religión como asignatura troncal, su carácter evaluable y computable a todos los efectos. Tal exigencia está en contradicción con su propia afirmación de que la educación tiene que ser neutra. ¿Cómo puede ser neutra la educación si se introduce la enseñanza confesional de la religión en una institución laica como es la escuela?
Otra cosa muy distinta es el estudio de las religiones de manera científica y no apologética, laica y no confesional, a través de las ciencias de las religiones, que estudian el hecho religioso y su significación social y cultural, así como la historia de las religiones en el contexto de la historia de la cultura. Un estudio que no enseña a creer –ya que no es esa la misión de la escuela-, sino la historia de las creencias religiosas y el papel –positivo o negativo- jugado por las mismas en las diferentes etapas de la humanidad.
Hora es ya de terminar con los restos de nacional-catolicismo, que dura ya varios siglos en España y que es incompatible con una sociedad civil secularizada y con un Estado democrático. Hora es de defender el laicismo como filosofía política, movimiento social y modelo de organización política social práctica pública y de establecerlo en todos los campos del saber y del quehacer humano y en todos los poderes del Estado. Demorarlo por más tiempo aleja de la construcción de la utopía de la democracia.
Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones, de la Universidad Carlos III de Madrid, Investigador del Instituto DEMOSPAZ, de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de Invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis (Trotta, Madrid)
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