La comunidad LGTB de Kirguistán vive con miedo debido a que su gobierno se ha alineado con Rusia, importando sus leyes homofóbicas y sepultando de nuevo a toda la comunidad LGTB al fondo del armario, a pesar de las condenas de la ONU y de la Unión Europea. Los habitantes de Kirguistán han votado en un referéndum las numerosas enmiendas constitucionales propuestas por el actual presidente del país, Almazbek Atambayev. Unos cambios en la Constitución que han servido para reforzar el poder del primer ministro y para amordazar los derechos del colectivo LGTB que ha visto como se le niega el derecho al matrimonio.
Los ciudadanos de Kirguizistán han votado a favor de una reforma de su Constitución que incluye la definición del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Según datos de la Comisión Electoral Central, la participación en el plebiscito tan solo ha alcanzado el 42 % del censo, pero el 80 % de quienes han votado han respaldado las reformas. A la restricción constitucional de derechos para las personas LGTB, se une la constante espada de Damocles que supone el proyecto de ley, aún en fase parlamentaria, que persigue castigar con multas o cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional”. Su larga tramitación ha puesto en el punto de mira a gais, lesbianas, bisexuales y transexuales, que sufren una violenta represión social y de Estado.
Desde que en el año 1991 alcanzara la independencia de la URSS, la historia de Kirguistán ha saltado de revolución en revolución.
Al igual que otras exrepúblicas soviéticas como Kazajistán o Ucrania, la corrupción, los oligopolios heredados de la época soviética y la presión del país gobernado por Vladimir Putin, han llevado a Kirguistán a una situación de extrema inestabilidad.
Un hecho que se materializa con los cambios presidenciales que ha vivido el país. Y es que tanto Kurmanbek Bakíev (2005) como Almazbek Atambayev (2011) han sido elegido tras sendas revueltas populares que reclamaban una mayor democracia en el país.
El referéndum del pasado 11 de diciembre puede ser el germen de otra revolución. Como denuncia la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, las enmiendas propuestas por Atambayev podrían alterar el equilibrio de poderes a favor del Ejecutivo y, concretamente, de la figura del primer ministro, en lo que sus críticos perciben como un intento de perpetuarse en el poder.
Lo que está claro es que el referéndum ha dado un pequeño giro de tuerca a la situación de la comunidad LGTB. El colectivo ha visto como esta votación popular supone una expropiación de sus derechos, afectando de manera directa e inmediata al matrimonio igualitario.
Como decíamos, el pasado 11 de diciembre, lo ciudadanos de Kirguizistán fueron llamados a las urnas para decidir si se aprobaba una reforma constitucional que incluía 26 enmiendas de diverso tipo. El apoyo o el rechazo debía darse al conjunto total de dichas enmiendas. Aunque la actual Constitución kirguisa data del 2010, con una redacción que cambió el sistema presidencialista por uno parlamentario, el Gobierno aún quería profundizar en reformas que ampliasen los poderes del primer ministro en detrimento del presidente.
Pero, aprovechando esos cambios, las autoridades kirguisas han decidido enmendar también el párrafo 5 del artículo 36 de la Constitución, que describía el matrimonio de la siguiente manera: “Las personas que alcancen la edad de consentimiento tendrán derecho a casarse y a formar una familia”. Es decir, la Carta Magna no detallaba el sexo de los contrayentes, por lo que una legislación favorable al matrimonio igualitario hubiera sido plenamente constitucional. Pero la enmienda aprobada en referéndum ha dejado el texto constitucional con la siguiente redacción: “Un hombre y una mujer que alcancen la edad de consentimiento tendrán derecho a casarse y formar una familia“. El matrimonio, pues, queda restringido desde ahora a las parejas de distinto sexo.
La enmienda, aprobada en conjunto con las otras 25, ha recibido el respaldo del 80 % de los votantes, si bien la participación solo ha alcanzado el 42 % del censo electoral. Se han denunciado algunas irregularidades, como compras de votos, aunque el apoyo entre quienes han votado es demasiado amplio como para que pueda revertirse el resultado. También sería ingenuo considerar que la opinión de los ciudadanos respecto a la reforma constitucional del matrimonio hubiera sido distinta de haberse votado en solitario, dada la enorme LGTBfobia social que reina en Kirguizistán.
El cambio pequeño cambio en el artítulo 36 de la constitución ha sido un mazazo para la labor del activismo. Hasta ahora, esta norma indicaba que ‘‘tendrán derecho a casarse y a formar una familia todas las personas que hayan alcanzado la edad legal”. El cambio implica la exclusión de la población LGTB al indicar que ”Un hombre y una mujer de edad legal tendrán el derecho a casarse y a formar una familia”, un cambio que supone una losa para la comunidad y que va en la línea retrógrada marcada por el gobierno de Atambayev.
La discriminación constitucional de los ciudadanos LGTB de Kirguizistán está acompañada de la amenaza de un proyecto de ley introducido en marzo de 2014, que persigue castigar con multas y/o cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional” que las hagan parecer “atractivas” o “despierten interés” en las mismas. El texto prohíbe la difusión por cualquier medio de contenidos de este tipo, así como la organización y participación en asambleas pacíficas en las que se informe sobre la realidad LGTB. Sus promotores justificaban la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.
El proyecto ya ha pasado por dos lecturas ante el Parlamento, siendo aprobado por 79 votos a favor frente a 7 en contra en la primera, y por 90 a favor frente a solo 2 en contra en la segunda. Aún debe enfrentarse a una tercera lectura antes de ser promulgado como ley por el presidente Almazbek Atambayev. Esa votación tendría que haber tenido lugar en octubre del pasado 2015, pero ha sido aplazada indefinidamente. Según algunas fuentes, el presidente Atambayev, dada la negativa repercusión internacional, “ha dicho en privado que no cree que ahora sea una buena ley, pero políticamente es difícil dar marcha atrás”.
En todo caso, la dilación en el tiempo solo consigue que el colectivo LGTB esté permanentemente en boca de quienes quieren instrumentalizar la discriminación en su beneficio. El fruto de esa instrumentalización es la violencia, la marginación y la negación de la dignidad de los ciudadanos LGTB de Kirguizistán.
Si bien es cierto que nunca ha sido sencillo ser una persona LGTB en la sociedad kirguisa, de mayoría musulmana pero con una importante ciudadanía ortodoxa, los casos de violencia y agresividad hacia el colectivo, desde que ha sido puesto en la picota, han aumentado un 300 %. Entre las torturas infligidas se encuentran las terribles violaciones de castigo de que son víctimas los hombres homosexuales y bisexuales, y las violaciones correctivas que sufren las lesbianas y mujeres bisexuales.
En palabras del analista Medet Tiulegenov, las fuerzas externas e internas “han arrastrado a la comunidad LGTB en una batalla por la identidad de Kirguizistán”. Es decir, la dureza en el trato a las minorías sexuales se convertiría en una seña de identidad nacional. “Ser anti-LGTB ha sido muy provechoso para los nacionalistas”, afirma Tiulegenov.
La dura realidad del colectivo LGTB en Kirguizistán
Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor.
En cualquier caso, aun en el supuesto de que el proyecto no vea finalmente la luz, la situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es ya muy dura, como muestra un informe de Human Rights Watch que recogimos hace un año. Los testimonios hablan de amenazas continuas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos. En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a la elaboración de este informe fue amenazado de muerte.
Los políticos del país y los líderes religiosos (Kirguizistán es un país de mayoría musulmana, aunque hay una importante población ortodoxa) también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gais, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.
Fuente Redacción Chueca
General, Homofobia/ Transfobia.
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