Las parejas homosexuales que denunciaron a Kim Davis por negarse a emitirles una licencia de matrimonio exigen que  se haga cargo de las costas del proceso judicial

Kim Davis es un señora que trabaja como secretaria del condado de Rowan (Kentucky), lo que viene a ser una oficial del registro civil. Davis, que fue elegida para el cargo, se negó a entregar licencias de matrimonio a parejas homosexuales a pesar de que el Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó el año pasado la validez del matrimonio igualitario. Como Davis (que se ha divorciado  varias veces y se ha vuelto a casar otrastantas) decía que su religión le impedía cumplir la ley porque para ella el matrimonio es una institución sagrada, los de la derecha más reaccionaria salieron en su defensa ondeando la bandera de la “libertad religiosa“. Pero Davis acabó en la cárcel (poco tiempo, eso sí) por no cumplir la ley.

Cuando salió Davis se había convertido en un símbolo de los fundamentalistas y se paseó por todo el país (y hasta se montó una película en el Vaticano que tuvo que salir a desmentirlo…) y se convirtió en un símbolo en la defensa de los derechos religiosos y al final el caso contra ella se fue a pique porque el gobernador de Kentucky emitió una nueva ley que retiraba la figura del secretario del condado en el proceso de emitir licencias de matrimonio.

Aunque evidentemente a Davis la salvaron por los pelos sus amigos republicanos, sus abogados afirmaron que habían ganado el caso. Por cierto, abogados que no le costaron un duro porque el bufete antiLGTB Liberty Counsel trabajó gratis en el caso. 233,058$, son los gastos legales que las cuatro parejas que denunciaron a Davis han tenido que soltar de su bolsillo. Y parece que Davis va a tener que hacerse cargo de esos gastos.

Las cuatro parejas, apoyadas por la Unión de Libertades Civiles Americana (la ACLU) han presentado un recurso frente al Juez de Distrito David Bunning pidiendo que Davis pague las costas. ¿Y por qué, si al final no hubo sentencia? Porque como explican desde la ACLU, cuando el ganador de un caso civil obtiene un beneficio directo de esa victoria (como ha sido el caso) se le puede exigir que cubra los costes del proceso para que en un futuro otros oficiales del gobierno no quebranten los derechos civiles. Que es lo que hizo Davis. “Al presentar esta moción esperamos conseguir ese objetivo: enviar un mensaje a los funcionarios de que las violaciones a conciencia de los derechos individuales tendrán un coste.“, ha dicho el director legal de la ACLU en Kentucky, William Sharp.

Como el condado de Rowan se niega a pagar las costas porque dicen que Davis actuaba por su cuenta y que además no era una empleada del condado sino un cargo electo, parece que Davis al final no se irá de rositas y tendrá que soltar la pasta. Aunque aún falta ver qué decide el juez, porque la defensa de Davis argumenta que su clienta no debería pagar nada ya que no hubo sentencia, puesto que el cambio en la ley la libró de toda culpa.

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