Descorazonadora noticia la que nos llega desde Argentina, donde colectivos LGTB y de defensa de los derechos humanos consideran absolutamente insuficientes las condenas dictadas a los policías que secuestraron, agredieron y abusaron sexualmente de una mujer transexual en Tucumán, al noroeste del país. Para la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) este caso es “emblemático y representativo de lo que ocurre con la violencia institucional en todo el país hacia las compañeras trans”.

La mujer, de nombre Celeste, fue detenida de modo ilegal en noviembre de 2013. Horas antes había tenido una fuerte discusión con su abuela, por la que ya había sido llevada a comisaría y puesta luego en libertad. En el momento de la detención se encontraba en el interior de su domicilio, tomando un baño. Allí irrumpieron los efectivos policiales, que la trasladaron a la seccional IV de San Miguel de Tucumán, alegando la aplicación del código contravencional (una normativa que se aplica en la vía pública y que ha sido denunciada como una herencia de la dictadura argentina que permite a la Policía de Tucumán realizar detenciones arbitrarias).

Ya en la comisaría, Celeste fue sometida a maltrato, vejaciones, insultos y abusos durante tres días, hasta que en un descuido de los policías consiguió escapar. En ese tiempo fue obligada a realizar hacer tareas de limpieza, golpeada, tuvo que soportar como varios policías se masturbaban sobre ella y fue encerrada en una celda junto a otros detenidos que abusaron sexualmente de ella sin que nadie hiciera nada por impedirlo.

Tras escapar, los médicos constataron las lesiones que sufrió, y la brutal agresión fue denunciada. En este intervalo de tiempo, Celeste ha sufrido presiones, intimidaciones e incluso intentos de soborno para que retirara la denuncia. Ella, con el apoyo de activistas LGTB, ha aguantado hasta que por fin, tres años después, se ha celebrado el juicio contra los siete policías que participaron en la agresión. El resultado, sin embargo, ha causado una profunda decepción en el movimiento LGTB argentino. Dos de los procesados, Ernesto Aguirre y Walter Trejo, han sido condenados a cinco años de prisión por privación ilegítima de la libertad y por falsear el acta de detención. Un tercer procesado, Aldo Quiroga, ha sido absuelto de dichos delitos. El resto deberán seguir siendo investigados. Los abusos sexuales sufridos por la víctima han quedado impunes. Todos los acusados, por cierto, han continuado durante todo este tiempo ejerciendo como policías.

Desde la Mesa de Justicia para Celeste, un grupo de activistas que la han arropado, consideran que lo sucedido no es excepcional, y que las mujeres trans, sobre todo aquellas que ejercen el trabajo sexual, están expuestas a un abuso policial constante en Argentina. Para Ruth, una de sus integrantes, “el caso de Celeste en particular es emblemático porque es el único que ha llegado a la justicia”, pero no por ello sus derechos han sido respetados. Durante el juicio, por ejemplo, los abogados defensores se dirigieron continuamente a ella en masculino, sin que los jueces les llamaran al orden. Unos jueces sobre los que por cierto pende la sospecha de su sesgo conservador: se trata del mismo tribunal que condenó a una mujer a ocho años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo acusada de haber asesinado a su hijo. Una sentencia que fue luego anulada por la Corte Suprema de Tucumán, pero que desencadenó en su momento una ola de indignación en Argentina y que motivó incluso una campaña a nivel mundial de Amnistía Internacional.

Para la FALGBT y ATTTA, por su parte, “el caso de la compañera Celeste es emblemático y es representativo de lo que ocurre con la violencia institucional en todo el país hacia las compañeras trans (…) Exigimos que Celeste, tanto como lxs compañerxs del Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas, estén protegidxs y que haya una condena con cárcel efectiva para los acusados, y que cese la hostilidad hacia nuestras compañeras trans en todo el territorio nacional. Exigimos #JusticiaParaCeleste”, manifestó Marcela Romero, en este momento presidenta de ambas organizaciones.

Sin duda, una historia terrible, que vuelve a poner de manifiesto la situación de absoluta vulnerabilidad que vive el colectivo de mujeres trans en los países de América Latina. Veremos si al menos en este caso instancias superiores son capaces de reparar la injusticia y castigar debidamente a los agresores de Celeste.

Insertamos a continuación la entrevista radiofónica realizada por Radio Zumba la Turba a Ruth, integrante de la Mesa de Justicia para Celeste, en la que explica detalles del caso:

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