La diócesis de Getafe consigue que una jueza ordene el desalojo de una pareja de mujeres y de sus tres hijos menores
Y que dicen que????… que estamos en el Jubileo de la Misericordia???? ¿Y de qué se reirá el sr. obispo? Estos obispos no son cristianos…
La diócesis de Getafe ha conseguido que una jueza ordene el desalojo de la vivienda que ocupan en Móstoles de Aroa y Laura, una pareja de mujeres, y de sus tres hijos de 10, 8 y 5 años. La familia ocupó ilegalmente el piso, propiedad de la diócesis, en julio. La vivienda se encontraba vacía. Según asegura la pareja, representantes de la diócesis les ofrecieron la posibilidad de acceder a un alquiler social asequible, pero cuando se enteraron del carácter homoparental de la familia retiraron la oferta.
Según cuenta eldiario.es, la misma semana en la que la familia ocupó la vivienda llamaron a su puerta dos sacerdotes. “Se pensaban que éramos hermanas. Nos dijeron que nos iban a dar un alquiler social en una casa que tenían en Móstoles, añadieron que a ese piso le faltaban un par de arreglillos pero que se pondrían en contacto con nosotras. Sin embargo, una vez que se enteraron de que éramos pareja, fueron a saco. Ya ni había opción a alquiler social, ni a nada”, explica Aroa.
Lo cierto es que tras aquella visita la diócesis inició el proceso judicial para proceder finalmente al desahucio. Sobre la razón por la que la diócesis tiene un piso vacío, su argumentación es que la vivienda está destinada a sacerdotes que trabajan por la zona o que están de visita. Respecto a que la familia se quede sin un techo, la diócesis se lava las manos y deriva a Caritas y al Ayuntamiento la responsabilidad de buscarle una alternativa habitacional.
La jueza que ha emitido la orden de desahucio ha condenado a la pareja por un delito leve de usurpación de inmuebles y les ha impuesto una sanción de 270 euros, muy por debajo de los 900 que reclamaba la diócesis en atención “a la mala situación económica referida por las denunciadas” (aun así es una cifra superior a los 180 que pedía la Fiscalía). El desahucio se hará efectivo, previsiblemente, el próximo miércoles. La familia se encuentra, de hecho, en una situación económica muy precaria. Aroa lleva cuatro años en paro, mientras que Laura acaba de empezar a trabajar pero cobrando menos de 500 euros. “Necesitamos una renta social, porque no nos podemos permitir pagar los 600 euros mensuales de alquiler que piden en un piso normal. Tenemos que dar de comer a nuestra familia”, afirma Aroa.
Eduardo Gutiérrez, concejal de Urbanismo de Móstoles, asegura por su parte que la diócesis se ha negado a aplazar un par de meses el desahucio para dar tiempo a encontrar una solución satisfactoria. “La familia está buscando un alquiler social. Le transmití esa idea al diácono del obispado y le pedí tiempo, que aplazasen un par de meses la fecha del desahucio. Me dijeron que en el Consistorio teníamos viviendas y que ocupasen una de las nuestras porque las suyas eran para sacerdotes”, ha asegurado a eldiario.es Gutiérrez, que niega que en este preciso momento el Ayuntamiento disponga de viviendas vacías.
Laura, Aroa y sus hijos ya se enfrentaron en 2014 a otro proceso de desahucio, en esta ocasión promovido por Bankia, una entidad bancaria rescatada con dinero público. Aquel desahucio lo consiguieron paralizar y comenzaron a negociar un alquiler social, pero finalmente la pareja decidió voluntariamente dejar el piso por sus condiciones insalubres. Siempre según su versión, entraron en el piso actual gracias a que “unos chavales les dejaron las llaves” sin saber quien era el propietario. “Cuando llegamos no notamos que antes estuviese alguien viviendo aquí, estaba lleno de polvo y abandonado. En el contador de la luz había una pegatina que señalaba que no había suministro desde el 2013”, cuenta Aroa, una versión que niega la diócesis, según la cual el piso ha estado ocupado por religiosos “hasta hace poco” y en estos últimos meses también lo ha utilizado el párroco de Arroyomolinos.
La España real
Dados los antecedentes del obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, lo cierto es que no nos cuesta gran esfuerzo creer la versión de Laura y Aroa, según la cual al conocer la diócesis el carácter homoparental de la familia ocupante de la vivienda se negó a darles una alternativa. López de Andújar, recordamos, fue uno de los firmantes de un documento en el que cargaban contra la Asamblea de Madrid por aprobar una ley contra la discriminación por LGTBfobia, documento que llegaban a enmarcar en una supuesta obligación de “luchar contra el mal”.
En cualquier caso, incluso dejando de lado este aspecto, la historia de esta familia es bien ilustrativa, por un lado, de la situación de la España real, en la que un porcentaje muy importante de la población vive al borde de la exclusión social o instalada plenamente en ella, y por otro de las auténticas prioridades de la jerarquía católica, o al menos de una parte de ella. Que un obispo se indigne de esa forma porque un Parlamento libremente elegido legisle contra la discriminación de una minoría y sin embargo no tenga el menor problema en desahuciar a una familia dice mucho.
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