El Ministerio del Interior adjudica la formación de los futuros policías nacionales a la Universidad Católica de Ávila
El Ministerio del Interior, en manos del ultraconservador Jorge Fernández Díaz, ha adjudicado el concurso de formación de la Escuela Nacional de Policía, el lugar en el que se forman como agentes de la Policía Nacional aquellas personas que han aprobado la correspondiente oposición, a la Universidad Católica de Ávila, un centro de ideario católico, en lugar de a la Universidad de Salamanca, que ejercía hasta ahora esa función. Una noticia altamente preocupante, también en clave LGTB.
La Universidad Católica de Ávila, según se define ella misma, “fue erigida por Decreto del Obispo de Ávila el 24 de agosto de 1996. Es una universidad de la Iglesia católica en España, canónicamente instituida a tenor del Artículo 3.1 de la constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae del 15 de agosto de 1990; y civilmente amparada por el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979”.
Su “gran canciller” (cúspide de su organigrama de gobierno) es el obispo de Ávila, Jesús García Burillo. Un personaje, no está de más recordar, que criticó duramente al Tribunal Constitucional por su sentencia favorable a la ley que hizo posible en España el matrimonio entre personas del mismo sexo. En un escrito dirigido a los fieles, García Burillo calificó al 6 de nvoiembre de 2012, fecha elegida por el alto tribunal para hacer pública la sentencia, como “dies amara valde” (“día de gran amargura”, en latín). Según el gran canciller de la Universidad Católica de Salamanca, ese día “se asestó un golpe letal a la institución familiar en España y se puso en peligro la educación afectiva de nuestros jóvenes”. García Burillo también aseguró que con dicha sentencia el Estado español se otorgaba “un papel totalitario” [sic]. “Pero más grave aún, y lo que hiere el alma de los educadores de jóvenes, es que con esta medida la homosexualidad se presenta como una opción tan legítima como la heterosexual”, añadía en otro momento de la carta…
La “ideología de género”, equiparable al Estado Islámico
No es esta, de hecho, la primera vez que hacemos mención a la Universidad Católica de Ávila en esta página en el curso de pocos meses. El pasado mayo hacíamos referencia a una conferencia organizada por dicha institución, titulada “Teoría de género: sus repercusiones”, en la que el cardenal africano Robert Sarah, sucesor de Antonio Cañizares como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, equiparaba la “ideología de género” con el Estado Islámico (como por otra parte ya había hecho meses antes).
En la ciudad castellana, Sarah afirmó que “se ve claramente que hay un plan para destruir la familia y el matrimonio”, lo que supone “destruir la humanidad”. En este contexto, Según Sarah existen “dos fuerzas diabólicas: el ISIS o Estado Islámico y la teoría del género“. El Estado Islámico trata “a la mujer como una mercancía, una esclava“, y la teoría del género “niega la complementariedad entre el hombre y la mujer, entre lo masculino y lo femenino”. En aquel acto estuvo, acompañando a Sarah, la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez.
Malestar en la Universidad de Salamanca, protesta de PSOE y Podemos
La elección de la Universidad Católica de Ávila se ha justificado en el hecho de que este centro ha rebajado a la mitad el presupuesto de licitación, de 200.000 euros. Algo que ha causado malestar en la Universidad de Salamanca, cuyo rector, Daniel Hernández, se ha mostrado “dolido”, argumentando que una cuestión así no debe dirimirse solo por criterios economicistas. Los servicios jurídicos de la Universidad salmantina, de hecho, van a estudiar si la Universidad Católica de Ávila cumple los requisitos de profesorado exigidos. Se da la circunstancia además de que su profesorado, que tenía previsto seguir impartiendo la docencia a los futuros policías, había elaborado ya el programa para este curso.
En el plano político, tanto PSOE como Podemos han expresado su condena por la decisión y han pedido explicaciones. Para el PSOE, debe ser siempre una universidad pública la que se encargue de la formación universitaria de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los socialistas han anunciado la presentación de iniciativas tanto en el Congreso como en las Cortes de Castilla y León oponiéndose a esta medida (la Universidad de Salamanca, no lo olvidemos, es un centro público dependiente de la Junta de Castilla y León). El grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla y León, por su parte, ha solicitado la comparecencia del consejero de Educación de dicha comunidad, Fernando Rey, para que explique la posición de la Junta ante la decisión de Interior, y ha anunciado que su grupo registrará una Proposición No de Ley en la que reclamará a la Junta que inste al Gobierno de España a “evitar este atropello”.
Profundo desasosiego
Nuestra opinión como ciudadanos LGTB es clara: estamos ante una noticia muy grave. Saber que la formación jurídica (entre otras materias) de los futuros policías está en manos de una institución cuya máxima autoridad asegura que el Estado español se otorga “un papel totalitario” por aprobar una legislación que nos concede los mismos derechos nos produce un profundo desasosiego. Por muchas iniciativas de formación que luego se desarrollen para sensibilizar a aquellos para la LGTBfobia.
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