CESIDA presenta una guía con los derechos de las personas con VIH
En esta guía se muestra qué problemas de estigma y discriminación sufren las personas con VIH, cuáles son las actitudes de la población hacia la personas con el VIH, de qué manera se puede afrontar y abordar el estigma y la discriminación y cuáles son los derechos legales en los diferentes ámbitos y qué se puede hacer en caso de vulneración de los mismos.
Juanse Hernández, presidente de gTt-VIH, lamenta que “personas con el VIH deban a menudo ocultar su estado si no quieren arriesgarse a verse privadas de los mismos derechos que disfruta el resto de la ciudanía, a ser excluidas de la sociedad o, incluso, marginadas por los seres queridos”.
Juan Ramón Barrios, presidente de CESIDA, afirma cómo el estigma puede provocar insultos, amenazas, violencia, burlas, rechazo, rumores y cotilleos y la exclusión social de las personas con el VIH, ya que: “El miedo y la ignorancia acerca de la enfermedad y los modos de transmisión del virus son algunos de los mimbres con que se entretejen el estigma y la discriminación alrededor del VIH”, muestra Barrios.
La respuesta al VIH debe hacerse a través de la Ciencia y la Medicina para prevenir y tratar, y a través de la Ética y el Derecho para evitar la injusticia social. Esa respuesta ha tenido mejores resultados en un campo que en otro.
Los avances terapéuticos no se han traducido en un progreso de idéntico nivel en materia de derechos. En España, las personas con el VIH, aunque son titulares de los derechos, siguen percibiendo que no los disfrutan en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.
Miguel Ángel Ramiro, coordinador de la Clínica Legal de CESIDA en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, muestra los casos que más se repiten en las consultas por discriminación: “Las personas con el VIH, tanto si son sintomáticas como asintomáticas, se enfrentan en España a numerosos problemas sociales y jurídicos, como pueden ser las barreras de acceso a la función pública, en especial a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las fuerzas armadas; las limitaciones del derecho al trabajo o de elección de profesión basadas en la seropositividad al VIH, en especial en las profesiones sanitarias; las exclusiones en la contratación de seguros de salud o de vida; los cambios no informados de la medicación antirretroviral; las denegaciones de servicios ofertados al público en general; las intromisiones en su intimidad personal y datos de carácter personal”.
Fuente Cáscara Amarga
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