El  LGTBIfóbico Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) que dirige el ultracatólico Agustín Buades, los mismos que dijeron que Ibiza GayFriendly presentaba a la isla como una ‘bacanal’ y que calificaba al matrimonio homoparental con un “experimento social” de la poligamia, lanzaba este domingo la campaña ‘Disciminació off, privilegis tampoc…’ con motivo de la presentación de la nueva Proposición de Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y intersexuales y para erradicar la LGTBIfobia presentada el pasado viernes día 11 de septiembre en el Parlament.

La campaña consiste en dar una visión negativa a los ciudadanos de las Baleares del contenido de dicha proposición de ley. Además IPFB entregará a los 59 diputados del Parlament un estudio-informe que ha elaborado sobre dicha proposición de ley y se reunirá con los grupos parlamentarios para que no se apruebe.

IPFB argumenta que se trata de “una ley que privilegia a un grupo de personas en razón únicamente de cómo viven su sexualidad”, algo que consideran” grave, y singularmente histórico, en el sentido de que nunca una determinada interpretación de la satisfacción sexual ha tenido reconocimiento institucional como se pretende ahora”.

Habría que recordarle a esta institución antidiluviana que casi cuatro de cada 10 homosexuales, transexuales, lesbianas o bisexuales han sido discriminados, perseguidos, insultados o agredidos alguna vez en su vida en España, pero sólo uno de cada diez lo ha denunciado. No lo decimos nosotros, lo explica el Anuario Estadístico del Ministerio de Interior ofrece cifras correspondientes a 2014 sobre los incidentes relacionados con delitos de odio en todas las comunidades y provincias españolas. El análisis de los datos permite observar que el año pasado se produjeron 1.285 incidentes de este tipo en todo el país. Los más comunes son los de “orientación o identidad sexual” (un 39,9% del total) y los de “racismo y xenofobia” (37,0%). Los delitos por aporofobia (odio o rechazo al pobre), son mucho más infrecuentes: sólo se registraron 11 delitos de este tipo. Pero hay personas que no son capaces de ver más allá de sus retrógrados argumentos.

Entre las muchas barbaridades que alegan, IPFB critica que se dedique la protección “a un solo grupo muy específico, a pesar de que es precisamente este, el LGTBI, el que ya cuenta con una amplia legislación protectora e importantes apoyos institucionales, sobre todo económicos, por parte de todos los niveles de las administraciones”. No sabemos de dónde se sacan estas argumentaciones ya que, por ahora, no existe una Ley Estatal contra la LGTBIfobia.

Además, IPFB ha recordado que “Debemos respetar a cualquiera por ser una persona igual a nosotros, pero no porque valoremos de manera especial su orientación sexual o su religión y los poderes públicos y la escuela se comprometan a difundirla”, ha añadido. Precisamente en un país como España en el que, por desgracia, cada año se producen más delitos de odio por motivos de orientación sexual.

Para rizar el rizo, desde esta entidad advierten que la ley tiene un ‘efecto boomerang’ y ‘las empresas se lo pensarán dos veces antes de contratar a una persona de aquellas características por el lío en que pueden meterse’. Muy fuerte.

Habría que recordarle al IPFB que la homofobia, incluso cuando es judicialmente probada, aunque esté sancionada penalmente en España son pocas las personas que denuncian por temor a represalias o por el rechazo que suponga de las personas de su entorno.

También habría que recordarle al IPFB que España es un Estado aconfesional y laico por lo que es imposible que esta nueva ley ‘atentase contra el ideario de los centros educativos y el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos’. Que la normativa considere la homosexualidad y la bisexualidad como una opción sexual para nada significa que los niños se ‘conviertan’ porque la homosexualidad no es una enfermedad contagiosa a estudio pero la homofobia sí lo es.

Nadie atropella las libertades, derechos y garantías jurídicas, a excepción de aquellos que demonizan a los colectivos por su empeño obsesivo en su desaparición. El Instituto de Política Familiar de Baleares es una institución arcaica e instrumentalizada por una ideología ultracatólica que carece de sentido en nuestros días y que es un altavoz para el caldo de cultivo de los delitos de odio.

Fuente Ragap

Mudejarillo General, Homofobia/ Transfobia. Instituto de Política Familiar de Baleares