El Govern Balear, en los pasos de la tramitación de una Ley contra la LGTBIfobia
La aprobación de una Ley Estatal sería un importante paso para frenar la epidemia que supone hoy en día la LGTBIfobia. En España, conviene recordar, fueron Navarra (en 2009) y Euskadi (en 2012) las comunidades que abrieron el camino aprobando leyes integrales de transexualidad. En 2014, y tras una larga lucha de los colectivos trans de la región, veía por fin la luz la ley andaluza, considerada todo un hito. También en 2014 se aprobaba una ley en Canarias, mientras que en 2015 era Extremadura la que aprobaba una ley contra la discriminación de las personas LGTB que, aunque no siendo específica de transexualidad, sí incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades. El 2 de octubre de 2014, el Parlament de Cataluña daba luz verde a la ley 11/2014 de 10 de octubre, que tiene como objeto principal “garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia”. En esta línea de trabajo le sigue ahora el Govern Balear.
El Consell se ha manifestado favorable a que el Parlament inicie la tramitación de la nueva Ley para Garantizar los Derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales. Se trata de un trámite previo a la toma en consideración del Parlament vía proposición de ley.
La aprobación de esta norma es un compromiso alcanzado entre los grupos de la izquierda que apoyan al Govern. El portavoz de Ejecutivo autonómico, Marc Pons, ha explicado que después de que desde el Parlament se les solicitase un informe de idoneidad, el Govern “ha informado favorablemente” porque considera que “es fundamental” que se sigan “dando pasos” para “normalizar la diversidad”.
Cabe destacar que esta Proposición de ley establece diversos sectores de intervención -la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la salud, los servicios sociales y el mercado de trabajo-, para garantizar que “la igualdad, la normalidad y la defensa de la diversidad llegen a cada rincón de la convivencia de la sociedad isleña”.
Hasta la fecha, diferentes comunidades autónomas han aprobado leyes para regular los derechos del colectivo, aunque con evidentes carencias. Por ejemplo, el carácter no punitivo de la norma gallega difícilmente podrá hacer frente o erradicar la violencia. O en Andalucía, que aprobó una contundente Ley Integral de Transexualidad, pero que el Gobierno central ha amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional por discrepar en algunos artículos.
Fuente Ragap
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