Buena respuesta a la noticia que publicábamos hace unos días…

“Emitir una licencia matrimonial que entra en conflicto con la definición divina de matrimonio, con mi nombre en ella, viola mi conciencia. No es un tema inocuo para mí. Se trata del cielo o del infierno”, expresaba en un comunicado Kim Davis, secretaria del condado de Rowan (Kentucky) para justificar su negativa a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que consideró contrario a la Constitución prohibir el matrimonio igualitario y que, en consecuencia, lo hizo extensivo a todo el país. El pasado martes, al ser preguntada por una pareja del mismo sexo sobre bajo qué autoridad les negaba su solicitud, respondía que “bajo la autoridad de Dios”. Este jueves un juez federal ha decretado su ingreso en prisión por un delito de desacato.

La vida de esta delincuente no ha sido precisamente ejemplar en su respeto a la “santidad” del matrimonio: divorciada tres veces, casada cuatro (dos de ellas con el mismo marido), tuvo dos hijos fuera del matrimonio… Hace cuatro años, sin embargo, se refugió en la religión y se convirtió en una ”cristiana renacida”. Elegida por sus conciudadanos como secretaria del condado en 2014 (tiene, de hecho, afiliación demócrata) dispone de un mandato de cuatro años, y no puede ser despedida. Sucedía en el cargo a su propia madre, que lo ocupó durante 37 años… Biografías aparte, su rebelión contra el estado de derecho es ya todo un símbolo de la resistencia de la derecha religiosa estadounidense contra el matrimonio igualitario.

Después de que el Tribunal Supremo diera a conocer su histórica sentencia sobre el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo, en varios estados del sur se vivieron varios conatos de rebelión contra la decisión, protagonizados sobre todo por personalidades conservadoras, como el gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, o el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore. La fuerza de los hechos ha debilitado –que no vencido–esta resistencia inicial, pero el fanatismo de Davis, que dispuesta desde el primer momento a convertirse en una “mártir cristiana”, ha permanecido incólume, y su caso ha sido el primero al que la justicia federal ha tenido que enfrentarse al máximo nivel. Y lo ha hecho con rotundidad.

Como protesta contra la decisión del Supremo, Kim Davis decidió dejar de emitir licencias de matrimonio argumentando el principio de libertad religiosa. Cuatro de las parejas que recibieron la negativa (dos del mismo sexo y dos de distinto sexo) la demandaron ante la justicia federal. Y el juez federal David Bunning les dio la razón, al considerar en su sentencia que las creencias religiosas de Davis no la liberan de cumplir con las que son sus obligaciones como funcionario público.

Davis recurrió ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, bajo cuya jurisdicción se encuentra Kentucky. Hace una semana el panel de tres jueces al que correspondió analizar el caso decidía de forma unánime avalar la decisión del juez Bunning y ordenaba a Kim Davis comenzar a emitir licencias de matrimonio. Los abogados de Davis acudieron entonces al Tribunal Supremo, para conseguir que este emitiera, como hace en otros casos (lo hizo, por ejemplo, con sentencias favorables al matrimonio igualitario) una orden de suspensión temporal de la sentencia. El Supremo se limitó a rechazar la petición el pasado lunes, sin acompañar el rechazo de pronunciamiento alguno. Davis debía comenzar a emitir licencias de matrimonio, tal y como es su deber como persona al cargo de dicha tarea en el condado de Rowan, y punto. Pero llegó el martes, y Kim Davis continuó negándose, al tiempo que hacía público el comunicado al que hacíamos alusión en la introducción.

Antes de ser encarcelada, se le dio la oportunidad de delegar en otros

Este jueves, finalmente, el juez David Bunning la citaba para decidir, tras escuchar sus alegaciones, si la condenaba a prisión por desacato. Es importante destacar que Bunning se había mostrado dispuesto a evitar el encarcelamiento si Davis hubiese aceptado, al menos, delegar la concesión de licencias de matrimonio a sus funcionarios subordinados. Aunque con diferente grado de “entusiasmo”, cinco de los seis se habrían mostrado dispuestos a hacerlo. Un sexto, hijo de la propia Kim Davis, se habría negado también. Pero Davis ni siquiera ha aceptado este arreglo, y el juez no ha tenido otro remedio que enviarla a prisión. “Este tribunal no puede tolerar la desobediencia consciente a una orden judicial legalmente emitida”, ha argumentado.

El culebrón Davis, en cualquier caso, no puede darse aún por terminado. Personalidades conservadoras, especialmente del bando político republicano, ya le han mostrado su apoyo. Lo que suceda finalmente con ella será un buen termómetro de hasta qué punto el estado de derecho aguanta, en los Estados Unidos, el embate del fundamentalismo cristiano. El condado de Rowan no es el único que se resiste a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Hay otros varios diseminados no solo por Kentucky, también en Alabama o en Texas. Diversos recursos judiciales están en curso, y los sectores más reaccionarios no van a cejar en su empeño. No olvidemos que, perdida la batalla de la extensión del matrimonio igualitario a todo el país, se abre con fuerza la batalla de restringir los derechos de las parejas del mismo sexo, casadas o no, en base al tramposo argumento del respeto a la “libertad religiosa”. La guerra no está ni mucho menos ganada.

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