Sara ya enseña su DNI orgullosa. El verano pasado comenzó su tránsito social. Desde que era un bebé, en casa se identificaba como una niña pero en el colegio seguía siendo Hugo. Al irse de vacaciones a Oporto el año pasado sus padres aprovecharon que no conocían a nadie para ver cómo se sentía al salir a la calle vestida como una chica. “Enseguida nos dijo que cuando llegásemos a Lugo siguiésemos así. Que nunca más volvería a ser Hugo, que esa persona no tenía nada que ver con ella”, relata Cristina Palacios, madre de esta niña gallega de 9 años.

Después del verano, volvía a clase por primera vez siendo Sara. Comenzaba cuarto de primaria reafirmando su identidad sexual, en el colegio no hubo ningún problema y tanto sus compañeros como sus profesores no pusieron obstáculos a su decisión. “Los niños le dicen que ya no les sale el nombre anterior porque ven físicamente a una chica”, continúa su madre.

Pancarta de la Fundación Daniela en el Orgullo 2015 / Twitter: @Danielafund

Para evitar esas incomodidades, la madre de Sara solicitó oficialmente el cambio de nombre, en febrero presentó un  requerimiento en el Registro Civil y un mes después se lo confirmaron. Así se convertía en el primer caso autorizado en Galicia. Por ahora, según han confirmado a eldiario.es, la Dirección General del Registro no tiene datos oficiales del número de jóvenes trans que han podido modificar su nombre.

Según Chrysallis (Asociación de Familias de Menores Transexuales) en España solo hay 20 jóvenes que lo han conseguido, señalan que la mayor parte de las respuestas de las que tienen constancia son positivas. Sin embargo desde la Fundación Daniela platean cifras diferentes. “La mayor parte de las solicitudes -entre 90 y 95%- se resuelven de forma negativa. Que la respuesta sea positiva es una excepción”, comenta Isidro García, trabajador social de esta entidad que informa y aconseja a los padres de estos jóvenes.

En España no existe una legislación que ampare a los menores trans que quieren cambiarse el nombre. A partir de los 18 años lo podrán solicitar gracias a la  Ley de Identidad de Género –que se aprobó en el 2007–, que permite modificar la referencia de nombre y de sexo sin necesidad de someterse a una operación genital.

Hasta entonces, las familias tienen que aferrarse a la Ley del Registro Civil de 1957, deben de presentar documentación que demuestra que son personas transexuales – informes psicológicos – y que el nombre que solicitan es el que utilizan normalmente. En la argumentación que entregan explican que si no se les autoriza se vulnera el artículo 54 de esta normativa, que establece que quedarán prohibidas las denominaciones que “perjudiquen a la persona”. Aunque, en este caso la legislación es contradictoria porque también recoge que no se autorizarán los nombres que “induzcan a error en cuanto al sexo”.

Por eso, la decisión final depende de la interpretación que realice de esta ley el juez titular del Registro Civil. “Hay magistrados que entienden que no es admisible que haya personas que se tengan que llamar con un nombre que no se corresponde con su identidad sexual”, explica Javier Maldonado, abogado de la asociación Chrysallis. En estos casos sólo se cambia el nombre, la referencia del género sigue siendo la misma que se le asignó al nacer.

El último cambio de nombre aprobado ha sido el de Daniel, un madrileño de 11 años, que comenzó hace tres su tránsito social. A su madre se lo comunicaron la semana pasada, y cuando le leyeron el auto que lo confirmaba se echó a llorar: “Mi hijo ha sufrido mucho cuando le han llamado por el nombre que le pusimos al nacer, se enfada y es una situación horrorosa”, apunta. Sin embargo, hay otros jueces que argumentan que el cambio de nombre “induce a error” y no aprueban el requerimiento. Este es el caso del magistrado titular del Registro Civil de Sevilla, según explica María Orellana, vicepresidenta de Chrysallis en Andalucía, “ha denegado todas las solicitudes”.

Para evitar estas desigualdades, las asociaciones solicitan al gobierno un cambio de legislación que equipare los criterios y que ampare a todos estos menores. Desde la Fundación Daniela apuntan a dos soluciones: o que “no sea obligatoria la inscripción del sexo de los bebés cuando nazcan” o que los niños y adolescentes trans, que están realizando el tránsito de cambio de género en el colegio, “puedan acceder a cambiar la documentación”.

Que les denieguen la modificación del nombre marca el carácter de estos jóvenes. “Hasta que consiguen la autorización están cargando con un peso. Intentan que no se note y que no se sepa. Viven una doble vida. Algo muy duro y doloroso para un menor”, apunta la madre de Sara. Este verano será especial para Sara y Daniel, han conseguido desprenderse de esa carga. Por primera vez podrán irse de vacaciones, viajar en avión y enseñar su documentación como cualquier otro niño, sin tener que dar explicaciones sobre su identidad sexual.

Fuente El Diario.es