En la Asamblea Nacional de Venezuela reposa el proyecto de ley de Matrimonio Igualitario entregado por la comunidad de LGBT desde hace casi un año. Se espera la revisión de las 20 mil firmas que lo respaldan por parte del Consejo Nacional Electoral.

Las uniones civiles entre ciudadanos del mismo sexo tiene el camino difícil en Venezuela. En la Asamblea Nacional (AN), donde reposa el proyecto entregado por la comunidad LGBT desde hace casi un año, aún permanece encajonado a la espera de la revisión de las 20 mil firmas que lo respaldan por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sus promotores afirman que la fracción mayoritaria es la principal traba. Sin embargo, al preguntar a sus integrantes, afirman que además de la constatación de las firmas, la propuesta debe apoyarse en la jurisprudencia internacional que puede “servir de herramienta para hacer su propuesta con fundamento y con una recolección de firmas”.

El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la AN, explicó a PANORAMA que la comunidad LGBT “debería primero conquistar lo que tiene que ver con las parejas de hecho” para que puedan tener un logro al reconocimiento de éstas.

Pone como ejemplo a las parejas de la comunidad que tienen años viviendo juntos, y que al desaparecer uno de sus miembros sus bienes no le correspondes al otro pese a la convivencia debido a la falta del respaldo legal.

El legislador considera que antes de aprobarse la Ley de Matrimonio Igualitario, hay que trabajar primero en ese sentido, basándose en casos similares de algunos venezolanos que se han casado en el exterior y tienen ese en otro país y en Venezuela no.

Añade que al revisar la legislación nacional “todos los acuerdos internacionales suscritos con países hermanos tienen validez aquí, así que habría que buscar la forma de que la jurisprudencia internacional sirva de herramienta para ellos hacer su propuesta con fundamento y no sencillamente con una recolección de firmas”.

Sobre el ‘freno’ en la AN, Amoroso responde que al ingresar la propuesta se le solicitó la verificación de las firmas al CNE, y “todavía no nos han dado respuesta, tenemos que ver la veracidad de esas firmas que enviaron, y no somos nosotros es el Estado, eso es algo obligatorio. Si el Poder Electoral dice que sí son ciertas, se procede al trabajo legislativo en relación a lo que es el derecho comparado con los países donde existe el matrimonio igualitario”.

Sobre la propuesta de matrimonio igualitario, Amoroso resalta que “la Constitución tiene un artículo y habría que consultarle al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la interpretación del mismo, la Sala Constitucional es la única interprete y habría que hacerle la consulta y en este caso no seríamos nosotros, sino debería ser los mismos interesados, si lo que está en la Constitución es una prohibición o sencillamente es una protección hacia el matrimonio entre parejas de sexo diferente”.

De acuerdo con Giovanni Piermattei, de la organización civil Venezuela Igualitaria, promotora del proyecto, “la información más contundente que recibimos es la omisión, que simplemente no cumplieron con los requisitos, el CNE no terminó de hacer el chequeo, no emitió una respuesta acerca de las firmas, es el argumento de la AN para no llevar el proyecto a debate”.

Según Piermattei “hay un movimiento en la AN en contra del proyecto del ley y eso también ha sido un agente perturbador, a pesar de que muchos diputados del Psuv y de la oposición se han mostrado a favor del proyecto”.

Es por ello que la comunidad irá el 29 de enero al TSJ para introducir una acción de nulidad por “inconstitucionalidad del artículo 44 del código civil que es una forma de solicitar lo que está en el proyecto pero por la vía judicial”.

Amoroso concluye que hay que buscar primero sentar jurisprudencia, dar ese primer paso. “Puede ser un aporte para que la comunidad LGBT pueda conquistar el matrimonio igualitario. Pero en Venezuela no tenemos ningún fundamento jurídico hasta este momento que pueda decir uno como abogado que obliga al Parlamento a legislar por una determina situación que no tiene ningún tipo de jurisprudencia”.

Fuente Panorama Venezuela, vía SentidoG

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