El Ministerio del Interior ha presentado el primer ‘Protocolo de actuación policial‘ contra los delitos de odio en España, que busca que se denuncie a quien se muestre “hostil” contra otras personas o colectivos por razones de religión, raza, orientación sexual, creencias o discapacidad.

Francisco Martínez (fotografía), secretario de Estado de Seguridad, ha presentado este protocolo en la sede de su departamento, donde estuvo acompañado por representantes de colectivos de defensa de los inmigrantes y de personas LGTB. “Este protocolo nos va a permitir visualizar los delitos de odio que se producen en nuestro país y ayudar a que las víctimas se sientan protegidas y lo denuncien”, subraya.

Durante esta comparecencia, en la que estuvieron presentes también los máximos responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Martínez explicó que el objetivo de esta iniciativa es “identificar los delitos de odio” en España y animar a las víctimas a que los denuncien.

En este sentido, indicó que existe un “número desconocido” de delitos de odio en la sociedad española, que un informe cuantifica en 1.172 las conductas ilegales de este tipo registradas en 2013 en todo el territorio nacional.

Evitar la violencia física

El ‘número dos’ de Interior destacó que la “violencia verbal” antecede a la física, por lo que se trata de que los afectados denuncien situaciones de intimidación por parte de otras personas. Martínez también remarcó que se pretende con ello “visibilizar los delitos de odio y combatirlos más eficazmente”.

A este respecto, en los folletos que Interior difundirá para dar a conocer el protocolo y esta campaña, se anima a los ciudadanos a denunciar “si una persona se ha mostrado hostil hacia ti por tu raza, orientación e identidad sexual, religión, creencias o discapacidad”.

Martínez señaló que el protocolo es de uso interno de las Fuerzas de Seguridad del Estado e incluye una serie de “indicadores de polarización” que ayudarán a los agentes a identificar un caso de actitud agresiva hacia colectivos como los inmigrantes o los seguidores de otro equipo de fútbol.

Además, en virtud del protocolo la Policía y la Guardia Civil tendrán un “interlocutor social” para que los colectivos sociales sepan a quién dirigirse en caso de una conducta de odio.

Cánticos en el fútbol

Preguntado sobre si esta iniciativa ayudará a combatir determinados cánticos en los estadios de fútbol, el secretario de Estado señaló que la Ley contra la Violencia en el Deporte, de 2007, ya castiga a quien coree consignas intimidatorias o denigratorias contra otros colectivos.

No obstante, indicó que se buscar hacer un “mayor esfuerzo” para aplicar la ley, lo que, entre otras cuestiones, pasará por exigir que en las actas de los partidos de fútbol se recoja “con claridad” y de “manera exhaustiva” si ha habido consignas intimidatorias y que pueden ser perseguidas.

El ‘número dos’ de Interior explicó que la legislación vigente ya castiga los “mensajes vejatorios o intimidatorios” en el fútbol o en cualquier deporte, pero remarcó que se busca ser más eficaces contra estas conductas, ya que “la violencia verbal es la que desencadena en violencia física”.

“Se trata de un instrumento que puede ser de mucha utilidad dentro las Fuerzas de Seguridad del Estado en la identificación de los delitos de odio mediante indicadores de odio precisos, un registro adecuado y pormenorizado, y sobre todo como ayuda en los atestados dirigidos a jueces y fiscales. Todo ello va a permitir visibilizar todo el iceberg de incidentes de odio que no se procesan en la actualidad de forma correcta como delitos de odio, además de no computarse como tales y no facilitar las pruebas de indicadores de odio para que puedan considerarse como delitos de odio en la fase judicial y aplicar los agravantes de odio previsto en la legislación. Esperamos que este sea un primer paso de una estrategia más amplia y continuada para lograr emerger muchos delitos de odio que hasta ahora aparecían como meras infracciones de insultos y agresiones”, ha declarado Paco Ramírez, presidente de COLEGAS.

“Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales entre un 60 y un 90% de las víctimas de delitos de odio no denuncian. No se denuncia por la sensación de que quedarán impunes o recibirán penas mínimas, por el miedo a represalias a las víctimas por parte de los delincuentes o su entorno, por la hostilidad o poca receptibilidad por parte de algunos policías ante este tipo de delitos, e incluso por el temor a exponer su situación ante la familia o su entorno que se da sobre todo en muchos homosexuales o bisexuales que están en el armario socialmente. Es necesario un compromiso más firme por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en formar y aumentar la sensibilización hacia los colectivos de víctimas, así como campañas específicas para disminuir la desconfianza actual hacia las fuerzas de la seguridad en lo que se denomina la ‘segunda victimización’ cuando las víctimas encuentran demasiados obstáculos a la hora de la denuncia”, continúa Ramírez.

“Este paso es importante, pero no podemos olvidar que legislativamente existe mucha ambigüedad a la hora de perseguir y castigar adecuadamente los delitos de odio, por lo que se hace imperiosa una Ley de No Discriminación e Igualdad de Trato, o Ley Contra los Delitos de Odio, que establezca de forma clara un sistema sancionador así como medidas de lucha contra los delitos de odio en todas las esferas de la sociedad. También sería muy necesario un Protocolo de Actuación ante Delitos de Odio destinado a jueces y fiscales, que sensibilice y forme sobre cómo proceder y actuar ante este tipo de delitos”, concluye Paco Ramírez.

Fuente Ministerio del Interior

FOTO: El presidente de la Confederación LGBT Española COLEGAS (Paco Ramírez), junto al Secretario de Estado de Seguridad (Francisco Martínez), el Director General de la Guardia Civl (Arsenio Fernández de Mesa) y el Director General de la Policía Nacional (Ignacio Cosidó) durante la presentación del Protocolo de Actuación ante Delitos de Odio

Mudejarillo General, Homofobia/ Transfobia. Delitos de Odio, España, Francisco Martínez, Guardia Civil, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Protocolo de actuación policial