El PP de Valencia se niega a aprobar una ley contra la homofobia y la discriminación de personas LGTB
Los votos de PSPV (PSOE), Compromís y EU no han sido suficientes para sacar adelante una ley que pretendía dotar de un marco legal de protección y no discriminación a las personas LGTB de la región.
El grupo popular en las Cortes Valencianas ha rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada en julio por el grupo parlamentario socialista. Y ello a pesar de que en un primer momento el gobierno valenciano mostró su predisposición favorable a discutirla. La aprobación de una norma así, que contaba con el apoyo del resto de la oposición, tendrá que esperar a después de las próximas elecciones autonómicas, donde las encuestas pronostican, esperemos, el fin de la mayoría absoluta del PP en la Comunidad Valenciana.
El pleno de Les Corts ha rechazado, con los votos del PP, una proposición de ley del grupo socialista para “desarrollar y garantizar” los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y transexuales y evitar situaciones de discriminación y violencia. El PP ha justificado el rechazo a una iniciativa sobre la que el Consell emitió primero un criterio favorable que luego retiró, porque, afirman, algunos de los artículos que se incluyen invaden competencias que corresponden al Estado o crean “una situación de inseguridad jurídica”.
El 12 de septiembre, después de en julio que los socialistas presentaran la proposición de ley (que puedes descargar aquí), el gobierno valenciano llegó a hacer público su criterio favorable a su toma en consideración” porque los valores de igualdad, respeto y tolerancia que demuestra la sociedad valenciana la hacen mayoritariamente consciente de la necesidad de erradicar cualquier forma de discriminación por motivos de orientación sexual o de identidad de género que pueden afectar a diversos ámbitos sensibles de la vida de cualquier persona”.
Semanas más tarde, el gobierno valenciano daba sin embargo marcha atrás. El argumento esgrimido para ello fue que un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ponía de manifiesto “diversas objeciones e inconvenientes sobre algunos de los artículos incluidos en la proposición” y que la proposición invadía “la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral, vulnerando el orden constitucional de distribución de distribución de competencias”. Todo apunta, sin embargo, a que el cambio de opinión del gobierno valenciano se debió a la reacción del sector más ultraconservador del PP.
La tramitación de la proposición de ley presentada por los socialistas, siguiendo el modelo de la ya aprobada por el Parlamento catalán, contaba con el apoyo tanto de Compromís como de Esquerra Unida, las otras dos fuerzas presentes en las Cortes Valencianas. No ha sido suficiente, dada la cómoda mayoría absoluta de la que goza el PP en la cámara.
La propuesta socialista se divide en cuatro ejes fundamentales centrados en los ámbitos del trabajo, la educación, la sanidad y la política social, en los que se establecen derechos y se articulan los mecanismos que deben ponerse en marcha en la Comunitat “para garantizar estos derechos y que puedan ser efectivos“. Se propone desarrollar legislativamente derechos y obligaciones, declarar conductas que no son tolerables, y crear un servicio de atención integral para que todas las personas LGTBI que sufran alguna situación de discriminación encuentren en la Generalitat ayuda con personas especializadas y formadas para atenderlas.
El debate ha sido seguido desde la tribuna de invitados por miembros de varios colectivos de LGTBI de la Comunitat Valenciana, a quienes han saludado todos los diputados que han intervenido. La diputada del PP Carmen Amorós ha explicado que un informe estatal “pone manifiesto irregularidades en el texto legislativo” propuesto por el PSPV debido a “conflictos en la distribución de competencias”, especialmente en aquellos artículos que se refieren a regulación laboral. No obstante, ha asegurado estar totalmente de acuerdo con los principios que inspiran esta norma, y ha pedido su retirada para abrir un proceso de negociación que permita crear una ley “integral, firme, que no invada competencias de otros” y que se elabore de la forma “más participativa posible“.
Sarrión ha cogido la mano tendida de los populares pero les ha pedido que muestren “sensibilidad”, acepten la tramitación de la proposición de ley que presenta su grupo y se haga una comisión amplia en la que puedan mejorarse o limarse algunas de las cuestiones de esta iniciativa.
El diputado de Compromís Fran Ferri ha criticado la falta de sensibilidad de los populares con este colectivo, y ha destacado las agresiones que todavía sufren los LGTBI, y que hacen que todavía 7 de cada 10 no se atreva a ir de la mano con su pareja por la calle o a hablar de sus primeros amores con los amigos.
Esther López (EU) ha acusado al PP de usar “excusas de mal pagador” para no tramitar la ley, ha recordado que este partido presentó recursos de inconstitucionalidad contra el matrimonio homosexual y contra la ley del aborto, y ha lamentado que “el crucifijo” del expresidente de Les Corts Juan Cotino “siga ahí arriba aunque él no esté“.
Para Mar Ortega, coordinadora de Lambda-Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, “estamos ante un nuevo atentado contra nuestros derechos, algo a lo que por desgracia nos tiene acostumbrados el Gobierno Valenciano, que de nuevo ha preferido escuchar las voces más intolerantes dentro de la derecha política para decir que las personas LGTB no merecemos que se protejan nuestros derechos, nuestra salud, o integridad física”. A pesar del varapalo, Ortega aseguró que “desde Lambda seguiremos trabajando con las demás fuerzas políticas, e instamos al PP valenciano a unirse, para conseguir que en el futuro se apruebe dicha ley”.
El colectivo LGTB valenciano Lambda ha condenado la actitud del gobierno valenciano. En palabras de su coordinadora, Mar Ortega, “estamos ante un nuevo atentado contra nuestros derechos, algo a lo que por desgracia nos tiene acostumbrados el gobierno valenciano, que de nuevo ha preferido escuchar las voces más intolerantes dentro de la derecha política para decir que las personas LGTB no merecemos que se protejan nuestros derechos, nuestra salud, o integridad física”. A pesar del varapalo, Ortega asegura que desde Lambda seguirán trabajando para conseguir que en el futuro se apruebe una ley como esta. Algo que bien podría suceder después de las próximas elecciones autonómicas, donde todas las encuestas coinciden en que el PP perderá la mayoría absoluta con la que gobierna a su antojo esa comunidad desde 1999 (aunque ya desde 1995 gobernaba con el apoyo de Unió Valenciana, un partido derechista de ámbito regional que acabó fagocitado por el PP).
Fuente El País
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