Al menos seis jueces del estado de Carolina del Norte han dimitido de su puesto para no verse obligados a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Todos ellos estiman que aplicar la ley del estado donde desarrollan su actividad entraría en conflicto con sus creencias religiosas. Las organizaciones de defensa de los derechos civiles creen que si un funcionario público no es capaz de cumplir con la legislación vigente, efectivamente debe dimitir de su cargo.

El pasado 10 de octubre, el juez federal Max O. Cogburn Jr. dictaminaba que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación del estado de Carolina del Norte era inconstitucional. La sentencia seguía las directrices que la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, circunscripción a la pertenece, había establecido en el caso de Virginia: impedir el matrimonio igualitario viola el derecho a la igual protección recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Desde esa fecha, pues, los habitantes de Carolina del Norte podían contraer matrimonio con personas de su mismo sexo, pudiendo acudir para ello a cualquier tribunal estatal. Pero apenas unos días más tarde, el juez del condado de Rockingham, John Kallam Jr., presentaba su dimisión por escrito ante la Jefatura de la Corte del Distrito. En su misiva, Kallam argumentaba que “cuando tomé mi juramento del cargo, tuve claro que sería necesario que oficiase bodas, y así lo he hecho a lo largo de mi mandato. No obstante, formulé ese juramento en el entendimiento de que no estaría obligado a casar a parejas del mismo sexo. Mis creencias personales y la postura de mi fe cristiana indican que hacerlo sería profanar una institución sagrada establecida por el mismo Dios”.

La Jefatura de la Corte del Distrito aceptó su dimisión y además aclaró que si el juez hubiese rehusado la celebración de un matrimonio entre personas del mismo sexo se habría seguido el protocolo y habría sido suspendido. La aclaración parecía ir destinada a algunos jueces de condado, que habían declarado que no dimitirían de su cargo pero que tampoco celebrarían este tipo de enlaces.

Poco después se daba a conocer la dimisión del juez del condado de Swain Gilbert Breedlove, que como explicación se limitaba a afirmar que “sé lo que dice la Biblia y sé que eso no está bien”, refiriéndose a los matrimonios entre personas del mismo sexo. A esta dimisión se sumaban días más tarde otros cuatro jueces. Sus argumentos eran semejantes: el conflicto con sus creencias religiosas. Uno de ellos, el juez Bill Stevenson del condado de Gaston, concluía que “sentí que celebrar uniones del mismo sexo sería una violación de los mandamientos del Señor (…), ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si  pierde su alma?”.

Activistas LGTB los consideran casos aislados

Chris Sgro, director ejecutivo de la organización de defensa de los derechos civiles Equality NC,  señala sin embargo que los magistrados que rehúsan la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo “son unos pocos casos aislados”. Desde la aprobación por los tribunales del matrimonio igualitario se han expendido más de 400 licencias a parejas del mismo sexo en los condados de Carolina del Norte, y se han celebrado todos esos enlaces sin problema alguno.

Sgro estima que la decisión de estos jueces ha sido la correcta: “Aunque no se espere que yo diga esto, no voy a condenar a Breedlove, Kallam, o a cualquier otro magistrado homófobo que opte por dimitir en lugar de reafirmarse en un falso e inexistente ‘derecho’ especial a la discriminación homófoba. De hecho, los aplaudo. Si su animosidad anti-LGBT es tan aguda que ya no pueden llevar a cabo sus funciones públicas y servir a las parejas del mismo sexo, dimitir es exactamente lo que deben hacer”.

Fuente Dos manzanas

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