Un juez de Sevilla ha imputado al director de un colegio privado de Castilleja de la Cuesta por un delito “contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la Constitución” por negarse a escolarizar al hijo de una pareja gay. Según el magistrado, el director y la responsable de admisión del centro —que también está imputada— rechazaron la solicitud debido, supuestamente, a que el niño “pertenecía a una familia homoparental”. Carlos Mahón, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla, ha estado investigando durante algo más de un año el caso. Esta semana ha comunicado a las partes que ha decidido la apertura de un procedimiento abreviado al entender que “existen motivos suficientes” para deducir, aunque “sea de manera indiciaria”, que se ha cometido un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Este caso se remonta a principios de 2012. Ricardo Lucas e Iván Vallejo —que tuvieron a su primer hijo gracias a un complicado proceso de gestación subrogada— empezaron los trámites para escolarizar al menor. Se fijaron en un nuevo y pequeño centro de Castilleja de la Cuesta, el Yago School. Además de ser bilingüe, a esta pareja le gustó que entre los principios rectores de este centro privado figurara “animar a los alumnos a cooperar con los otros, ser sensibles a las necesidades de los demás y respetar otras culturas, religiones y modos de vida”. “Era solo marketing”, lamenta ahora Ricardo Lucas.

Cuando la pareja se puso en contacto a través del correo electrónico con el centro para pedir información, se les comunicó que no había plazas. En los primeros e-mail se identificaron claramente como “una familia homoparental”. La sorpresa llegó a mediados de febrero de 2012. El marido de Ricardo telefoneó al centro, sin identificarse, para preguntar si había vacantes. Según su versión, se les dijo que sí y concertó una cita. Allí acudió. Cuando le comentó a la directora de admisión quien era y que antes se le habían comunicado que no disponían de plazas, esta responsable, que ahora está imputada, le señaló que todo había sido un error administrativo y que sí tenían vacantes, siempre según la versión de los padres. La sorpresa final llegó unos días después: el centro les llamó para retractarse otra vez y anunciarles que todas las plazas estaban comprometidas. Este periódico ha intentado recabar la opinión de Ramón R., director del centro, y Maravillas R., responsable de admisión, pero no han querido ofrecer su versión. Los dos imputados pueden recurrir ante el juez y la Audiencia Provincial el auto del juez de apertura de procedimiento abreviado. A ambos se les ha tomado declaración durante la instrucción judicial. Además, la pareja denunciante ha aportado los correos electrónicos que se cruzaron con los responsables del centro educativo.

Yolanda Hervás, la abogada que ha defendido los intereses de la pareja, apunta a otras dos aportaciones fundamentales durante la fase de instrucción. Por un lado, la Consejería de Educación ha remitido al juzgado el expediente administrativo que se abrió contra el centro. Ese expediente está en suspenso desde diciembre de 2012. Como es habitual en este tipo de casos, cuando se abre una investigación judicial la vía administrativa queda paralizada. Pero en el informe remitido al juzgado por la consejería se detalla que la Inspección educativa, tras analizar el caso y recabar la información, concluyó que el menor no había “tenido igualdad de trato” con respecto a otros niños que sí fueron escolarizados en ese centro. Además, en el informe de la Inspección se apunta que el colegio no había cumplido con “sus propios criterios de admisión”. Cuando el caso se conoció —los padres colgaron una denuncia en la web actuable.es—, la Administración andaluza decidió abrir la investigación que ahora se ha incluido en la causa.

Hervás apunta a otra prueba clave en la instrucción: el Banco Santander ha facilitado los movimientos de la cuenta del colegio. La letrada asegura que hay ingresos de reserva de matrícula en fechas posteriores a que el centro comunicara a la pareja que no tenía vacantes. La fiscalía tendrá que pronunciarse ahora sobre si cree necesario que se celebre un juicio oral o si debe archivar este caso.

Hervás sostiene que prácticamente no existe jurisprudencia de casos de presunta discriminación similares a este. Lo que sí existen, señala la letrada, son otras demandas contra el centro.

Otra familia de Sevilla presentó hace algo más de un mes una demanda contra el Yago School por haber expulsado a sus dos hijos del colegio. Esta familia también ha demandado al centro por vulneración de derechos fundamentales.

En este caso los hijos, un niño y una niña, ya estaban estudiando en el colegio. La menor iba a participar en un viaje al extranjero organizado por el centro. Pero, al poco tiempo, la niña se arrepintió y la madre se lo comunicó al colegio. Sin embargo, la dirección del Yago School exigió a la familia el pago de una supuesta deuda contraída por haber anulado ese viaje, algo que rechazaban los progenitores. Finalmente, los dos menores fueron expulsados por esta “desavenencia”, según la versión de la familia.