En Francia, las parejas lesbianas sufren ciertos obstáculos legales para adoptar legalmente al hijo concebido por una de las esposas mediante inseminación artificial. El Tribunal Supremo ha fallado ahora, sin embargo, que tal posibilidad debe ser admitida en interés del menor aunque tal inseminación, con donante anónimo, se haga fuera del territorio francés y vulnerando, de alguna manera, el marco legal galo. Según la alta instancia, el hecho de que se recurra a ese sistema “no es obstáculo alguno para que la esposa de la madre pueda adoptar al bebé así concebido”. Se trata de una decisión polémica en un país cuyos movimientos conservadores en contra del matrimonio homosexual siguen tan activos que han logrado paralizar algunos de los proyectos sociales del Gobierno de François Hollande.

Entre esos proyecto gubernamentales estaba precisamente una ley que permitía la filiación de los hijos habidos en parejas lesbianas mediante inseminación artificial. Para el movimiento Manif pour tous (Manifestación para todos, en respuesta a la legalización del matrimonio gay, bautizado en Francia como ‘Matrimonio para todos’), el recurso a la inseminación artificial de donante anónimo, así como al vientre de alquiler, es un puro mercadeo de seres humanos y un ataque a la familia tradicional. La ministra delegada de la Familia, Dominique Bertinotti, tuvo que dejar archivado en un cajón su proyecto de ley, que suponía una cierta revolución en Francia del derecho de familia, y Hollande prescindió de ella en la última remodelación del Gobierno, en marzo de este año.

La retirada del proyecto Bertinotti es celebrada como una victoria por parte de Manif pour tous que, por cierto, prepara otra vasta manifestación para el 5 de octubre en París y Burdeos. Su bestia negra es ahora la nueva ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, impulsora de la última reforma de la ley de igualdad, la ampliación del derecho al aborto y partidaria de introducir en la escuela la formación de género, proyecto también retirado.

En mayo del pasado año, el Consejo Constitucional francés afirmó que la inseminación artificial, reservada en principio en Francia para parejas heterosexuales con problemas de infertilidad, no está abierta para las parejas de mujeres. En base a tal argumento, el tribunal penal de Versalles falló en abril de este año que no admitía la adopción de un niño en el seno de una pareja lesbiana que había concebido mediante inseminación artificial en el extranjero porque era un “fraude de ley”. El Supremo asegura ahora que no lo es.

Frente a la nueva posición del Gobierno socialista francés, los jueces avanzan en el capítulo social en contra de los movimientos más conservadores. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a Francia el pasado mes de junio por no inscribir el nacimiento de un bebé nacido en el extranjero gracias a una práctica prohibida en Francia: el viente de alquiler. En campaña electoral, François Hollande se mostró partidario de analizar este asunto, pero no se comprometió a legislar al respecto antes de un debate profundo por miedo a impulsar un cierto mercadeo de cuerpos. Dos parejas francesas que habían logrado tener hijos mediante este sistema en Estados Unidos apelaron a la justicia, pero perdieron el caso ante el Supremo francés.

El matrimonio homosexual, legalizado en Francia en abril del pasado año, es todavía un asunto polémico. Para el diputado Hervé Mariton, de centroderecha y candidato a presidir la UMP (Unión por un Movimiento Popular), el principal partido de la oposición, el fallo judicial se alinea esa ley que abrió la puerta al matrimonio gay, incluido el derecho a la filiación de los hijos. “La única manera de salir de esta espiral es su retirada”, ha declarado a Le Figaro. “Cualquier otra respuesta es hipócrita pues ese texto no impide la fecundación asistida. Para evitarlo, es necesaria a abrogación de la ley”.

Nicolas Sarkozy, dispuesto a volver al palacio del Elíseo en 2017 tomando primero las riendas de la UMP, ha criticado duramente la forma en la que Hollande introdujo la ley, dividiendo a la sociedad y, sobre todo, “utilizando a los homosexuales contra la familia”. No quiso, sin embargo, aclarar si derogaría la norma una vez en la presidencia del país.

Fuente el País