El gobernador de Pensilvania Tom Corbett ha comunicado que no presentará apelación contra la sentencia del tribunal federal que ha declarado inconstitucional la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en su estado. Con la confirmación de que la administración de Oregón tampoco recurrirá la sentencia del mismo sentido del juez federal Michael McShane, Oregón y Pensilvania se han convertido, respectivamente, en los estados decimoctavo y decimonoveno en permitir el matrimonio igualitario en los Estados Unidos.

Desde la página web de la oficina del gobernador de Pensilvania, se comunicaba la decisión de no apelar la sentencia favorable a los derechos LGTB del juez John E. Jones en los siguientes términos:

He revisado a fondo las consideraciones del juez Jones en el caso Whitewood. Dado el alto umbral legal establecido por el juez Jones en este caso, es altamente improbable que una apelación tenga éxito. Por lo tanto, después de esta revisión y con el asesoramiento del equipo jurídico del  estado, he decidido no apelar la decisión del juez Jones.

Como católico romano, no ha vacilado la enseñanza tradicional de mi fe. Sigo manteniendo la creencia de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Mi deber como gobernador requiere que acate las leyes según la interpretación de los tribunales y juzgar la probabilidad de éxito de una apelación.

A lo largo del debate sobre este importante y significativo asunto, he sostenido que los funcionarios y organismos del estado seguirían las disposiciones de la ley de matrimonio de Pensilvania, al menos hasta que un tribunal dijera lo contrario. El tribunal ha hablado, y me aseguraré de que mi administración cumpla las disposiciones de la orden del juez Jones con respeto para todas las partes.

Tengo la esperanza de que mientras la importante cuestión de las relaciones entre personas del mismo sexo continúe siendo abordada en nuestra sociedad, todos los involucrados se traten con respeto.

Por su parte, tanto la Fiscalía General como el gobernador de Oregón, John Kitzhaber, ya han indicado que tampoco apelarán la sentencia del juez McShane que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en su estado, aunque en este caso su motivación ha sido su pleno acuerdo con la sentencia, ya que incluso no defendieron el ordenamiento jurídico de Oregón sobre este asunto ante el tribunal federal.

La igualdad matrimonial alcanza al 43,5 % de la población

De esta manera, se amplía a diecinueve el número de estados de los Estados Unidos que permiten el matrimonio igualitario: California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Pensilvania, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 19 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales. Como curiosidad, con la inclusión de Pensilvania, la igualdad matrimonial ya es plena en todos los estados de la región del Noreste. Con la de Oregón, lo es en todos los estados de la división del Pacífico, excepto Alaska.

Esto supone que, a día de hoy, aproximadamente el 43,5 % de la población estadounidense vive en estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal.

Estas cifras aumentarían considerablemente si se tomaran en cuenta los estados donde se ha dictaminado la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero dichos dictámenes se encuentran en suspenso en espera de que se decida su apelación. De hecho, en algunos de ellos, como Utah, Michigan o Arkansas, ya se han celebrado legalmente matrimonios entre personas del mismo sexo antes de que se suspendieran las sentencias.

Así pues, si añadimos a la lista a Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas e Idaho,  el  total de estados alcanzaría los 26, más de la mitad de los 50 que conforman los Estados Unidos. Sumando su población, obtendríamos que un 61,2 % de los estadounidenses vive en estados donde se permite el matrimonio igualitario o se ha declarado en primera instancia la inconstitucionalidad de su prohibición.

Fuente Dosmanzanas

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