El Ayuntamiento de Málaga exige a la Junta andaluza elaborar un protocolo de atención a menores transexuales en colegios

La familia de Gabi, la niña transexual a la que un colegio religioso concertado de Málaga se negó a respetar su identidad de género, ha presentado una querella por denegación de la prestación de servicio público de causa discriminatoria contra la directora del centro y contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá, en calidad de presidente de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, a la que pertenece. Según la querella, estos ignoraron en todo momento los informes médicos y psicológicos de la menor y mostraron al respecto una posición intransigente.

La querella explica que todos los profesionales consultados coincidieron en que es absolutamente necesario reconocer a la niña, cuya identidad femenina está plenamente asentada, el género que siente como propio. La familia aportó al colegio los informes en los que constaba que la niña ha sido diagnosticada de “disforia de género”, término que la medicina sigue todavía utilizando para referirse a la realidad transexual, junto a otros documentos, con el fin de que el centro “comprendiera la identidad de género de la menor y procediera respetuosamente en consecuencia”. Sin embargo, tanto el colegio como la fundación “consideraron este asunto como una cuestión de principios” e ignorando los informes “manifestaron una posición intransigente que consistió en tratar a Gabi de manera particular, señalándola como diferente” dejando además claro que con independencia de cualquier informe “nunca tratarían a la menor de manera acorde a su condición femenina”.

Para la familia, queda claro que los querellados, más que poner en duda los informes, “en realidad han actuado como si no creyeran en la existencia misma de la realidad a la que se refiere el término técnico ‘disforia de género’”. A la niña se le asignó el servicio de minusválidos y se manifestó a la familia que, aunque podía ir en ropa deportiva, “no se le permitiría utilizar el uniforme que usaban el resto de sus compañeras”. Es más, tras una reunión entre las partes se apuntó a la familia que en caso de acudir vestida de niña no le impedirían la entrada pero la “acogerían en una sala” y le dirían a la madre que no llevaba el uniforme adecuado.

Hechos que para el abogado de la familia, Oliver Roales, son claramente constitutivos “de una auténtica prohibición de acceso a las aulas” por lo que considera que se ha producido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio, consumado cuando se produjo la “expulsión de facto” (la familia se vio obligada a trasladar a la menor de colegio).

Un caso lamentable

Como hemos recogido en entradas anteriores, la Fiscalía decidió en su momento el archivo de la investigación que había abierto al considerar que la actitud del centro no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

En paralelo, la Consejería andaluza de Educación anunció en diciembre la apertura de un expediente al centro que podía acabar con la retirada del concierto. Sin embargo, hace una semana se conocía que Junta y colegio habían alcanzado un acuerdo por el que este solo era apercibido “por imponer la uniformidad obligatoria”. Pero el problema, conviene recordar, no era que a Gabi se le impusiera un uniforme obligatorio, sino que el uniforme que se le imponía era el masculino. En este sentido, la Junta andaluza se limitó a instar al centro a que además del respeto a la libertad de uso del uniforme se garantizara al máximo la convivencia “aceptando la identidad sexual del alumnado en la actividad interna del colegio”. De admitir de nuevo a la pequeña asegurando el máximo respeto a su identidad de género o resarcir el daño causado, nada.

De hecho, una vez firmado el acuerdo de conciliación la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria se permitió incluso desmentir a la Junta y explicar que el expediente con el que esta amenazó en diciembre al colegio no llegó ni siquiera a ser abierto. Respecto al episodio de discriminación tránsfoba, la Fundación no expresó rectificación alguna y argumentó que ya la Fiscalía había archivado el procedimiento.

Enfrentamiento entre IULV-CA y el consejero

La Junta de Andalucía, recordemos, está gobernada por una coalición entre PSOE e IULV-CA. En este sentido, es interesante el rifirrafe dialéctico que tuvo lugar hace unos días entre la portavoz para asuntos de igualdad del grupo parlamentario de IULV-CA, Alba Doblas, y el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso.

Doblas criticó la actitud de “postureo” de Alonso en este tema después de que este argumentara en el pleno del Parlamento andaluz que la actuación de su departamento se había basado “en la legalidad vigente”. Doblas sostuvo que existen motivos para retirar el concierto al centro y defendió que no se puede saldar un problema de derechos humanos con “una regañina”.

Fuente Dosmanzanas

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