Nos cuenta Dosmanzanas que los senadores republicanos Ted Cruz y Mike Lee han presentado un proyecto de ley que pretende que la autoridad federal se pliegue a la legislación que cada estado estipule sobre el matrimonio. La administración federal dejaría así de reconocer un matrimonio del mismo sexo legalmente contraído en cuanto cambiara su residencia a un estado que no admita el matrimonio igualitario. El mismo proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Representantes el pasado mes de enero por el congresista republicano Randy Weber.

Tras la derogación de la sección 3 de la DOMA (la ley que impedía que la autoridad federal reconociera los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo, el gobierno de los Estados Unidos ha articulado una serie de instrucciones en sus distintos departamentos para que los matrimonios del mismo sexo puedan acceder a los beneficios federales establecidos para las parejas casadas, tanto en materia de Hacienda, como de Justicia, Inmigración o empleo público civil y militar. El requisito es que dicho matrimonio haya sido celebrado en un estado que permita ese tipo de uniones. La administración federal seguirá reconociendo el matrimonio como válido aunque la pareja cambie su residencia a un estado que no reconozca los enlaces entre personas del mismo sexo. La validez de un matrimonio depende del lugar donde se ha contraído.

Eso es lo que pretenden cambiar el congresista republicano por Texas Randy Weber en la Cámara de Representantes, y los también republicanos  Ted Cruz (senador por Texas) y Mike Lee (senador por Utah) en el Senado, todos ellos miembros de la corriente ultraconservadora Tea Party, mediante la presentación de la “Ley de defensa del matrimonio en los estados”. Los tres han introducido sendos proyectos de ley para que el reconocimiento por parte de la autoridad federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo no dependa del estado donde se han contraído sino del estado de residencia. Así, una pareja que se haya casado en California, estado que reconoce el matrimonio igualitario, perdería sus derechos federales en el caso de que trasladase su domicilio a Texas, que no lo reconoce. La validez del matrimonio dependería, pues, del lugar de residencia.

El congresista Weber, que confesaba no haber leído la sentencia del Tribunal Supremo, presentó su proyecto el pasado mes de enero, arguyendo que los estados tienen “una autoridad histórica y esencial para definir la relación marital” y acusando a la administración del presidente Obama de “intentar usar un subterfugio para expandir el matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los estados”. Los mismo argumentos, incluida la acusación directa a la administración presidencial, eran utilizados por el senador Cruz, una de las estrellas emergentes de la corriente más conservadora del Partido Republicano, que insistía en que “debemos respetar a los estados, y la definición del matrimonio se debe dejar a los legisladores elegidos democráticamente, no dictada desde Washington. Este proyecto de ley va a salvaguardar la capacidad de los estados para preservar el matrimonio tradicional para sus residentes”.

Argumentos claramente contradictorios

Curiosamente, todos estos representantes eran fieles partidarios de la integridad de la DOMA, incluyendo la sección ya derogada que hacía prevalecer el criterio de la administración federal sobre la legislación estatal respecto al matrimonio. Por supuesto, en ese caso se trataba de matrimonios entre personas del mismo sexo.

También resulta contradictorio que el propio Mike Lee, junto a otros representantes del mismo perfil ultraconservador, presentara el pasado año la “Ley sobre el matrimonio y la libertad religiosa”, que pretende garantizar que tanto empresarios como empleados públicos puedan negarse a prestar sus servicios a los matrimonios del mismo sexo, aun en los estados donde están permitidos legalmente. Todo ello, según el senador Lee, para “salvaguardar la libertad religiosa de los cristianos”. Es decir, según estos representantes, el respeto a la “autoridad histórica y esencial” de los estados para definir la relación marital se pierde cuando esa definición ampara a las parejas del mismo sexo.

Pocos visos tienen de prosperar estos proyectos de ley, tanto por el control demócrata del Senado como por la imposibilidad de superar un más que probable veto presidencial. Todo parece indicar, según los analistas, que se trata de un gesto de cara al sector más conservador del Partido Republicano, con las elecciones presidenciales de 2016 en el punto de mira. Aunque está por ver si en este momento de cambio que viven los Estados Unidos el gesto no acaba volviéndose en contra de los propios republicanos, entre los cuales no faltan los que recelan cada vez más de este tipo de iniciativas (hoy mismo recogemos como ellos mismos han dado al traste con dos propuestas de carácter homófobo promovidas desde su sector más conservador en los estados de Kansas e Indiana).

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