Preocupante precedente el que ha sentado la fiscalía al archivar la denuncia presentada por varios colectivos contra el Sindicat de Policies de Catalunya, que reveló a la opinión pública la condición de seropositivo de Juan Andrés Benítez, empresario gay que murió en octubre tras ser violentamente reducido por un grupo de Mossos d’Esquadra.

Fue en una nota en la que el sindicato policial ofrecía “todo su apoyo” a los agentes implicados en los acontecimientos que desembocaron en la muerte de Benítez y defendía que fue preciso reducir al empresario al oponerse este con “gran resistencia” a su detención, añadiendo que “a consecuencia de las agresiones sufridas durante la detención, dos agentes se encuentran actualmente en tratamiento con fármacos antirretrovirales, que tendrán que mantener durante un año”.

Una muestra de serofobia que mereció la condena de varios colectivos LGTB y de las organizaciones que trabajan el tema del VIH, que acabaron presentando una denuncia ante la fiscalía especializada en delitos contra el odio y la discriminación por desvelar información reservada de Juan Andrés Benítez que solo se podía obtener de forma confidencial a través de los servicios médicos y de las diligencias judiciales.

Los colectivos denunciaron además que la información facilitada por el sindicato incluía incorrecciones y datos tendenciosos (como por ejemplo que el tratamiento postexposición con antirretrovirales debe mantenerse un año, cuando este tipo de tratamientos duran solo 28 días). De nada ha servido, dado que la denuncia ha sido finalmente archivada.

Continúa adelante el proceso por la muerte

Lo que sí continúa adelante es el procedimiento judicial contra los agentes directamente implicados en los hechos. Recordemos que, de acuerdo a la autopsia, Juan Andrés Benítez presentaba traumatismos múltiples sobre la región craneo-facial que dieron lugar a un fallo cardiaco (posiblemente favorecido por el estrés de la situación y el padecimiento de una arritmia previa). Sumado a los testimonios de los vecinos del Raval que presenciaron lo sucedido y a las grabaciones tomadas por algunos de ellos, que mostraban el grado de violencia ejercido, los mossos fueron imputados por la jueza por posibles delitos contra la vida, contra la integridad física y moral, de obstrucción a la justicia (la jueza consideró que los agentes pudieron alterar pruebas o el contenido de los atestados) y coacciones (debido a la denuncia de algunos vecinos de que los mossos les exigieron entregar o eliminar algunas de las mencionadas grabaciones). La jueza sí archivó la causa contra el vecino con el que Benítez se había peleado (el incidente que dio lugar a que los mossos acudieran al lugar). Los testigos coinciden en que esta pelea no fue grave, que solo dio lugar a heridas de escasa entidad y que cuando los coches patrulla llegaron al lugar ya había terminado.

Más dura es incluso la valoración de la fiscalía, que acusa a los agentes de homicidio al considerar que su actuación fue “excesiva, desproporcionada y desmesurada” y colocó al empresario “en una clara situación de riesgo y peligro”.

La muerte de Juan Andrés Benítez, de 50 años, supuso un mazazo para la parte más comprometida de la sociedad civil catalana y para el colectivo LGTB.  Benítez, dueño de dos tiendas de ropa en el Gayxample, era miembro de ACEGAL (Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas) y fue un antiguo activista en la lucha contra el VIH (en su momento recogimos una semblanza sobre su vida publicada por El Periódico).

Fuente Dosmanzanas

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